La dimensión social de la contratación
LAS prestaciones sociales, las atenciones sanitarias, las políticas educativas, las actuaciones de promoción del empleo por citar algunas de las políticas públicas más importantes, tienen una relación muy estrecha con la contratación pública. Es más, a través de los contratos del sector público, debiera ser posible implementar determinadas políticas públicas que en el presente son cruciales para el mínimo vital que toda persona precisa para vivir con dignidad. En este sentido las políticas de contratación pública son políticas instrumentales al servicio de las más elementales exigencias de la justicia social necesarias para asegurar a las personas el ejercicio en las mejores condiciones de la libertad solidaria.
Por eso, la contratación del sector público es una política pública abierta y centrada en el bienestar integral del ser humano. Por ello, por su carácter estratégico, los gobiernos deben colocar estas cuestiones entre sus prioridades políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición para que una sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista de nuevos espacios de libertad y de participación ciudadana.
Este conjunto de prestaciones del Estado, que constituye el entramado básico de lo que se denomina Estado de bienestar, no puede tomarse como un fin en sí mismo. Esta concepción se traduciría en una reducción del Estado al papel de suministrador de servicios, con lo que el ámbito público se convertiría en una rémora del desarrollo social, político, económico y cultural, cuando debe ser su impulsor. Además, una concepción de este tipo, en que el Estado fuese un mero suministrador de servicios, no promovería el equilibrio social necesario para la creación de una atmósfera adecuada para los desarrollos libres de los ciudadanos y de las asociaciones, sino que conduciría más bien al establecimiento de una estructura estática que privaría al cuerpo social del dinamismo necesario para liberarse de la esclerosis y conservadurismo que acompaña a la mentalidad de los derechos adquiridos.
En el caso de la contratación pública, esta consideración es especialmente relevante por cuanto los poderes adjudicadores han de trabajar para hacer posibles condiciones y posibilidades para que a través de las diferentes modalidades de contratos públicos quienes son los usuarios de los bienes y servicios puedan, además de disponer de bienes y servicios de calidad, asequibles y abiertos, realizarse en el ejercicio de su libertad solidaria
En el mismo sentido, las políticas públicas de contratación pública deben abrirse a desarrollos armónicos y humanos del medio ambiente, de la contemplación de las bellezas naturales, de la protección del patrimonio histórico artístico o de la protección del litoral. La sensibilidad social en la materia alude a que las políticas públicas han de facilitar medios y posibilidades para que los ciudadanos puedan, a través de la actividad de la contratación pública, en cualquiera de sus manifestaciones, puedan vivir una vida más humana y solidaria.
El caso de la política social es paradigmático. En efecto, sírvanos como ejemplo la acción del Estado en relación con los colectivos más desfavorecidos, en los que –por motivos diferentes– contamos a los marginados, los parados, los pobres, los mayores. Las prestaciones del Estado nunca pueden tener la consideración de dádivas mecánicas, más bien el Estado debe propiciar con sus prestaciones el desarrollo, la manifestación, el afloramiento de las energías y capacidades que se ven escondidas en esos amplios sectores sociales y que tendrá la manifestación adecuada en la aparición de la iniciativa individual y asociativa. A través de los contratos públicos es posible, y deseable, mejorar la acción pública social incluyendo inteligente y razonablemente cláusulas que permitan atender mejor a las diferentes finalidades de la política social.
Un planteamiento de este tipo permite afirmar claramente la plena compatibilidad entre la esfera de los intereses de la empresa y de la justicia social, ya que las tareas de redistribución de la riqueza deben tener un carácter dinamizador de los sectores menos favorecidos, no conformador de ellos, como muchas veces sucede con las políticas asistenciales del Estado.
Además, permitirá igualmente conciliar la necesidad de mantener los actuales niveles de bienestar y la necesidad de realizar ajustes en la priorización de las prestaciones, que se traduce en una mayor efectividad del esfuerzo redistributivo. A través de la contratación pública se pueden ofrecer bienes y servicios rentables para el mundo de la empresa que, a la vez, contienen elevados estándares de sensibilidad social. Los planteamientos de la denominada economía del bien común van en esta dirección.