La espinosa cuestión del Sáhara Occidental
A VECES, cuando echo la vista atrás y rememoro los años vividos en Nueva York, no puedo evitar acordarme del que en aquella época fue mi embajador, Jaime de Piniés. Todavía me parece verlo en su despacho de amplios ventanales, con vistas al edificio de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, situado enfrente del de la Embajada, entre la Primera Avenida y el East River. Un despacho de puertas permanentemente abiertas, en el que trabajaba, almorzaba su habitual sandwich de “roast beef” o aprovechaba la reunión con cualquier compañero para leerle algún capítulo de las Memorias que guardaba celosamente en uno de los cajones de su mesa y que, pasado el tiempo, terminarían convirtiéndose en Episodios de un diplomático.
Su trayectoria profesional, jalonada por numerosos éxitos, entre los que destaca, a modo de brillante colofón, la presidencia del XL período de sesiones de la Asamblea General, no estuvo en cambio exenta de ciertos sinsabores, como el de la cuestión del Sahara Occidental, en la que tuvo un papel protagonista, tanto en la propia Asamblea como en la Cuarta Comisión. En ambos casos, tratar de encajar esta cuestión en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, y en concreto, en el de la Resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, le supuso ciertos desencuentros con algunos de los Ministros de Asuntos Exteriores, más proclives a contemporizar con Marruecos, como se vio luego con la firma de la Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania en 1975.
Esta Declaración, comúnmente conocida como Acuerdos de Madrid, que compañeros como Francisco Villar, calificaron de “ignominiosa”, y profesores como Carlos Ruiz tildaron de “inmoral, ilegal y políticamente suicida”, intentó cerrar la cuadratura del círculo, al ratificar, por un lado, el compromiso de España de descolonizar el territorio; y crear, por otro, una administración temporal en la que participarían Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemáa. A la postre, sin embargo, sólo sirvió para que Marruecos se lo anexionara y, tras sucesivos conflictos armados con el Frente Polisario, pasara a controlar el 80%, convirtiéndolo en sus Provincias Meridionales, y el Frente Polisario el 20% restante, haciendo de él el territorio de la República Arabe Saharui Democrática, a falta en ambos casos de una solución definitiva.
Pues bien, a esta falta de solución definitiva alude Jaime de Piniés -posiblemente el mayor conocedor de esta cuestión- en La descolonización del Sahara: un tema sin concluir, haciendo tres afirmaciones capitales, cuyo recuerdo es, hoy en día, de innegable actualidad: primera, que “la descolonización de El Sahara Occidental (sic) no se ha llevado a cabo y sólo concluirá cuando el territorio se autodetermine”; segunda, que “la frustada descolonización de El Sahara está presidida por dos factores fundamentales: la incompetencia de algunos de nuestros gobernantes (...) y la audacia y habilidad de la diplomacia marroquí”; y, tercera, que “es evidente, como ya lo habían dispuesto las Naciones Unidas y lo había afirmado España, que la solución radica en la aplicación del principio de la autodeterminación”.
Es indudable que desde entonces el equilibrio de fuerzas en la zona ha cambiado, y que este cambio invitaba a una reflexión sobre la conveniencia de modificar o no nuestra posición. Pero de esta necesaria reflexión hemos pasado sin más a la aventurada decisión adoptada personalmente por el presidente del Gobierno de apoyar el plan de autonomía marroquí, que se quiere vender como un ejemplo de Realpolitik o Realdiplomatie, sin tener en cuenta otros intereses en presencia. Y sin el menor pudor en marginar los compromisos electorales asumidos por su propio partido, la oportuna deliberación en el Consejo de Ministros, y sobre todo el debate y, en su caso, la adopción del correspondiente acuerdo en el Congreso. Una marginación que refleja una política exterior desnortada, víctima de las contradicciones del propio Presidente y huérfana del consenso exigible.