La feria de inanidades

CON ocasión del comienzo del trámite parlamentario de la nueva ley de educación se oyeron argumentos que no se tienen en pie. Rezuman mentalidad patriarcal e ignorancia de que el Estado legisla para ciudadanos, y los niños lo son desde que nacen.

Se pretende que la última palabra en el asunto la tengan los padres, a los que nuestra Carta Magna otorga el derecho a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Suspende y maravilla que los muñidores de la Juancarlina no cayeran en que aprobaban un puro disparate: tal derecho pertenece a los hijos (los padres solo tienen con ellos obligaciones.) Si no se respeta este principio, se dificulta a los jueces el impedir o corregir los abusos sectarios de la patria potestad.

Se oponen a la prohibición de que las administraciones públicas concedan subvenciones a los centros de enseñanza concertada que practican la segregación por sexos. Consideraciones pedagógicas aparte, tiene bemoles la pretensión de que el Estado renuncie a hacer cuanto puede para promover la igualdad de la mujer con el hombre, mandato constitucional cuyo cumplimiento no admite excepciones ni demoras. Avergüenza ver que hay partidos constitucionalistas que piensan lo contrario.

Se llenan la boca augurando la desaparición del castellano en Cataluña si se aprueba eliminar su uso en la enseñanza como lengua vehicular. Lo que supone despreciar el dato que desmiente el vaticinio: la inmersión lingüista no ha impedido que los escolarizados en la lengua minoritaria al acabar sus estudios tengan un dominio de la interlingua superior a los escolarizados en esta. Por lo demás, afirmar que el catalán se cargará al castellano suena tal que así: el pez chico se come al grande.

Un motivo pide revisar las subvenciones a la enseñanza concertada con ánimo de lucro: detraen recursos necesarios para mejorar la calidad de la pública. Lo que beneficia a todos, es la ocupación exclusiva del político coherente.