La Justicia, ese problema
A semejanza de aquel histórico parte franquista del final de la Guerra Civil, también aquí y ahora podría decirse, firmado en La Moncloa, que “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Poder Judicial, han alcanzado las tropas gubernamentales sus últimos objetivos aniquiladores de la división de poderes. La guerra ha terminado”.
Esa debiera ser la eufórica consecuencia de un Ejecutivo que, degradada la designación de miembros para el órgano de gobierno de los jueces –CGPJ– y de ese organismo que sin pertenecer a la Justicia ha de velar por ella –TC–, acaba de anunciar que congela las reformas legales que se proponía sobre el Constitucional y el Poder Judicial.
Pero conviene no engañarse. En la inabarcable ansia de poder autocrático de Sánchez, tal “congelación” no es más que una temporal y acomodaticia estrategia para frenar la caída que, desde 2017, experimenta la credibilidad democrática en España, al descender al grupo de países con una democracia “no plena” o de carácter defectuoso, según el acreditado Democracy Index. Caída que tiene mucho que ver con el deturpado sistema de elección de vocales del CGPJ que ha merecido la dura reprobación tanto de la CE como del Grupo de Estados contra la Corrupción, en el seno del Consejo de Europa.
Es ese buscado intento de los partidos políticos de uno y otro signo ideológico de hacerse con los órganos de control del poder judicial el que salpica, con su inmundicia anticonstitucional, esa otra más numerosa parte de la judicatura, constituida por los jueces y magistrados que en número de 5.371 ejercen su función en España y que se ven tan seria como injustamente afectados en la estima ciudadana a causa de los trapicheos arriba descritos, aunque, por fortuna y como acredita Metroscopia con datos de 2018, siete de cada diez españoles y de forma continuada en el tiempo consideran que su Administración de Justicia constituye el garante último de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Miembros de la carrera judicial que en número de mil participaron en la encuesta realizada, a instancia del CGPJ, sobre la situación de la Justicia en España. Esclarecedor documento que destaca por la unánime coincidencia de los encuestados sobre la relevancia de la tarea de juzgar en una democracia avanzada como la España actual; por un sentimiento que se superpone por encima del pluralismo ideológico o la diversidad de género, de edad, de la experiencia acumulada y del área jurisdiccional; por la existencia de un enraizado espíritu de cuerpo para su más efectivo funcionamiento, además de responder a una amplia variedad en cuanto a procedencia geográfica y social, invalidando el tópico extendido de una pretendida endogamia.
Jueces que en porcentaje de un 99 % manifiestan sentirse totalmente independientes en la toma de decisiones y que en el 90 % admite la necesidad de un nuevo pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento.
He ahí el trasfondo del problema. Pero también, he ahí la solución.