La temporalidad en la sanidad
LA sanidad española está considerada entre las mejores, por su universalidad, medios técnicos, calidad de los servicios que presta y preparación de su personal.
Entre sus imperfecciones se encuentra la inestabilidad laboral, pues en torno a un 40 % del personal sanitario es “personal estatutario temporal” (datos del año 2017), y la insuficiencia de las plantillas, en comparación con otros países.
Esa inestabilidad tiene una característica absurda y hasta ilegal, pues una gran parte de ese personal temporal –interino, eventual y de sustitución– mantiene esa situación desde hace hasta 17 años, y otros acumulan decenas de contratos de días o semanas. Ahora comprenderán por qué la situación es absurda –temporalidad indefinida– e ilegal –por contravenir las disposiciones legales sobre temporalidad en los Servicios de Salud–.
Hay que añadir la actitud hipócrita de Gobierno y partidos políticos cuando critican el elevado número de contrataciones temporales de las empresas privadas.
Hemos ensalzado la actitud del personal sanitario durante la pandemia, pero ellos esperan algo más de quien les contrata: la regularización de la situación actual; concretamente, que en las ofertas públicas de empleo se incluyan todas las plazas vacantes y que se amplíen las plantillas.
El estamento médico de las comunidades de Galicia, Extremadura, Madrid y Canarias, entre otras, rechaza las OPE basadas en el sistema de “exámenes” tradicionales con un programa teórico, porque no contemplan las subespecialidades no oficiales, en las que cada profesional está encuadrado, después de años de ejercicio profesional y de estudio más concreto.
Por ello, matizan más sus reivindicaciones y piden que las OPE tengan en cuenta como criterios para la adjudicación de plazas, los años trabajados y los méritos acreditados, consistentes, por ejemplo, en publicaciones, conferencias impartidas, cursos y responsabilidades laborales asumidas.
La temporalidad es injusta, hipócrita y nada estimulante, y, aún así, están demostrando su capacidad profesional y su entrega humanitaria, en largas jornadas de trabajo, alto riesgo de contaminación y desatención de sus familias.
El Gobierno debe hacer cumplir las normas y dar ejemplo cumpliéndolas con su personal contratado; además, no podemos olvidar que la universidad española está formando un personal sanitario que emigra en busca de trabajo a otros países de nuestro entorno, lo que resulta lamentable y costoso.