Las residencias como preocupación
PUEDE que, efectivamente, frente a lo que critican BNG y PSdeG y defiende el PP, no sea este el momento idóneo para entrar a fondo en el debate parlamentario sobre las condiciones de las residencias de mayores en Galicia que el covid-19 va destapando, tanto en lo que se refiere a los contagios como, más allá de esta terrorífica circunstancia, en lo que atañe al funcionamiento habitual de estos centros a quienes la sociedad encarga, acaso demasiado confiada, el cuidado de nuestros mayores.
Y se apunta a esa demora porque en lo que hace a la primera de las problemáticas, el comportamiento ante el virus, sólo se tendrá una visión completa del problema cuando la curva de afectados sea irrelevante. Solo entonces podremos tener la foto final del número exacto de víctimas, de contagiados y compararlos entre las diversas residencias y empresas adjudicatarias para poder dibujar el mapa completo de responsabilidades a exigir, sin que quepa descartar ni la vía penal ni la anulación de concesiones.
También sobre el segundo de los aspectos, el funcionamiento normal de esas dependencias, aconseja la prudencia posponerlo para cuando las urgencias sean menores y sea factible distraer a los trabajadores, ocupados ahora de lleno en vencer la pandemia.
Todo ello no debe impedir, por el contrario, la máxima diligencia de las autoridades públicas –sanitarias y administrativas– ante las espeluznantes cifras que algunos centros presentan en contagios o fallecimientos, en clara demostración o bien de la carencia de protocolos adecuados o de la pasividad a la hora de aplicarlos.
Hace tiempo que sabemos que la mejor forma de combatir el virus en lugares masificados es el de establecer compartimentos-burbuja que limiten el contagio al menor número de personas, aisladas por grupos. Algo que se contradice con las masivas cifras que tanto en residentes como trabajadores se van conociendo y que resultan de muy difícil aceptación ante el unánime compromiso de ciudadanía y autoridades de velar, al precio que sea, por salvar vidas.
Pero por encima de todo, donde la actuación de las autoridades ha de ser no sólo urgente sino enérgica y con la necesaria ejemplaridad pública es ante situaciones como la que esta misma semana denunció Trega –la asociación que agrupa a los trabajadores de las Residencias de Galicia– en Salvaterra y que, de confirmarse, no solo justificarían la fiscalización que piden los partidos de la oposición, sino que demandan por su gravedad la adopción de medidas judiciales urgentes, además de la dura autocrítica que la Administración gallega debe hacerse a sí misma sobre la actividad inspectora en tales instituciones.
En su Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud de 2015, la OMS llamaba la atención sobre el necesario cambio de mentalidad en torno a la forma misma en que concebimos el envejecimiento, para alejar “los sistemas de salud del modelo curativo y acercarlos a la prestación de cuidados integrales” y así lograr “un futuro que otorgue a las personas mayores la libertad de vivir una vida que las generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado”. Demandaban para ello una respuesta coordinada de varios niveles de gobierno sin descartar “mejores formas de medir y vigilar la salud y el funcionamiento de las poblaciones de edad”. Es lo que urgen, cuando sea el momento, no solo los partidos de la oposición sino la sociedad gallega toda.