Las vacunas del poder

ALGUNOS alcaldes y otros responsables autonómicos han recibido la vacuna anti-COVID al margen de los protocolos de vacunación. Un comportamiento que no solo es moralmente intolerable sino que pone en tela de juicio la buena ordenación de este proceso que a todos los ciudadanos nos implica.

Pero el despropósito más grave ha sucedido en el seno de la dirección de las Fuerzas Armadas. La irregular vacunación del jefe de la Jemad ha llevado a la dimisión de su titular y también del general que sirve de enlace en el Ministerio del Interior.

Tanto Grande-Marlaska como Robles deben rendir cuentas de estos comportamientos desviados de esas personas a su mando. Y, en el caso de la ministra de Defensa, quizá llevarla a la dimisión del cargo ante las revelaciones documentales procedentes de su mismo departamento y que la implican directamente.

No habría que escandalizarse porque los más responsables entre los que ejercen el poder público se vacunen cuanto antes, como ha señalado el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular. Lo que no es de recibo en una democracia avanzada y transparente es que estas vacunas se les suministran de tapadillo, con nocturnidad y alevosía. La ejemplaridad pública ha quedado por los suelos para incentivar la picaresca, tan española, en una materia en la que está en juego la vida de los ciudadanos.

Un despropósito al que se
une el deficiente suministro del
contingente de vacunas contratadas por el Gobierno con los
laboratorios, que tendrán que ser demandados para exigirles las correspondientes respon-
sabilidades.

En España no contamos con una ley de vacunación que venga a regular los derechos y deberes de las administraciones y los particulares ante esta intervención sanitaria. Es el momento de que los legisladores se pongan a la tarea de establecer ese marco legal adaptado a esta maldita pandemia y que evite cualquier tipo de discriminación, empezando por las vacunas del poder.