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Lo que podrían perder las mujeres

    CONFUNDIDA entre el tráfago pandémico-mediático, ha pasado de largo la noticia de que España habría caído diez puntos en igualdad de género desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Desde el quinto lugar, el país pasó al décimo quinto en dos años, tal como lo refleja el reciente y prestigioso informe de Women, Peace and Security Index (WPS), de las universidades de Georgetown y de Oslo.

    En principio, el titular resulta contraintuitivo. ¿Cómo es posible algo así en relación a un gobierno que, aunque con un leve descenso de ministras con relación al que surgió tras la moción de censura, mantiene la paridad de género con un 48 %? Es más ¿cómo explicarlo si el feminismo, junto con todos los “ismos” posibles del canon de la corrección política, conforma el corpus del relato del gobierno? La incredulidad se acrecienta porque España integra, por estos días, el escaso 12 % de países que tienen medidas para proteger a las mujeres del impacto social y económico del coronavirus según el Rastreador Global de Respuestas de Género al COVID-19, creado por ONU Mujeres y el PNUD.

    Por lo demás, el Ministerio de Igualdad puede ser acusado de muchas cosas, pero no de permanecer ocioso. En materia legislativa mantiene tres frentes, tan abiertos como polémicos. Promueve la derogación de la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2015 para permitir que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento-ni conocimiento-paterno. Promueve la “autodeterminación de género”, la que genera divisiones al interior del feminismo, a través de una ley trans que permite, no solo el cambio de sexo en el DNI simplemente declarando la identidad sentida sino que autorizará también a los menores de edad a pedir una rectificación registral, incluso sin consentimiento de sus padres. Por último, la ley de libertad sexual (conocida como la ley del “solo sí es sí”) y cuya definición de consentimiento ha sido cuestionada por el poder judicial.

    Capítulo aparte merece el combate de una violencia machista que no cesa, cobrando su víctima 42 justamente en Galicia. Mientras el Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja, no se ha logrado sustraerla del debate contingente partidista por medio de un Pacto de Estado.

    Sería prematuro sacar conclusiones de un ranquin, aunque permite prefigurar tendencias. ¿Cuál podrá ser el balance final de la legislatura en materia de igualdad? Por lo pronto, se enfrenta a un horizonte de estabilidad relativa al haber atado por tres años los Presupuestos Generales del Estado con el respaldo del llamado “bloque de la moción de investidura”. Los partidos que lo conforman no ocultan su intención de querer romper la unidad de España mientras, desde un poder ejecutivo (que se auto reclama feminista), se embate de manera sistemática contra el Estado de Derecho y sus libertades.

    Para incentivar la participación de las mujeres en política, se suele decir que sin mujeres no hay democracia. Pero las mujeres, sin democracia, bien podemos olvidarnos de toda perspectiva de derechos.

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