Los fondos europeos son de España, no del Gobierno

EN julio de 2020 escribía que la ayuda europea para la recuperación económica “es para los españoles, y no es una carta blanca que se le da al Gobierno para continuar con las políticas que han estado a punto de echarlo todo a perder en Europa por las desconfianzas que genera”.

Conviene recordar aquel momento, cuando Pedro Sánchez era un convidado de piedra y en silencio estruendoso mientras líderes populares, como Angela Merkel, le sacaban las castañas del fuego. Todo porque un grupo de países encabezados por Holanda, a los que entonces se denominó “frugales”, no se fiaban del buen uso que el Gobierno socialista y comunista español pudiera dar al dinero.

Dicho y hecho... Limitar el reparto de nueve millones de euros a comunidades gobernadas por socialistas o socios de los socialistas (como ha hecho Pedro Sánchez) no parece un buen comienzo para el difícil reto que tiene el presidente de ganarse la confianza de nuestros socios de Europa (quienes, al final, son los que pagan parte importante de la factura). Y el problema no es la casualidad de que todas las comunidades beneficiadas hayan sido esas. El problema es que no sabemos por qué.

Después de pedir miles de proyectos ya justificados a las comunidades autónomas para decidir el destino de los fondos europeos, la realidad es que el Gobierno se ha dedicado a asignar dinero de una forma arbitraria. Probablemente lo que ha pretendido siempre. Probablemente de ahí surgían las desconfianzas en Bruselas.

Es la única forma de interpretar una fórmula de reparto sobre la que no se conocen criterios objetivos. Y, claro, así no hay forma de vigilar, controlar y analizar a través de un procedimiento administrativo adecuado.

La judicialización del reparto es la única vía que ha dejado abierta el Gobierno.

No. No es la oposición la que habla mal de España en Europa. Es el propio gobierno el que hace quedar mal a España. Y nuestro país, sus gentes, simplemente no se lo merecen. España debe recuperar su prestigio de país serio y cumplidor.

Es una consecuencia obvia: si no hay bases objetivas para el reparto, ni un organismo independiente que vigile el proceso, se cierran todas las puertas a la disensión y a la transparencia tan necesaria... Y sólo quedan los juzgados.

Ah... entonces, el Gobierno se echa las manos a la cabeza y acusa a los disconformes de echar piedras contra el tejado de España al sembrar dudas. Y es aquí cuando conviene recordar con claridad que los recelos de Europa no son con España, porque los fondos son para España. Y que es el Gobierno el que, con su negativa a plantear un proceso transparente, objetivo y controlado, obliga a recurrir a la vía judicial como única salida. O eso, o resignarse a aceptar que los gobiernos socialistas y afines son los únicos merecedores de los fondos. Cosa obviamente falsa y, desde luego, insolidaria.

La única deslealtad que hay aquí es la de Sánchez con los españoles al poner por delante sus intereses electorales y al actuar con una absoluta desvergüenza, falta de transparencia y criterios desconocidos. Es Sánchez el que, al cerrar todos los caminos del buen gobierno, obliga a recurrir a la justicia. No nos dejemos engañar.

El gran problema es que no lo pagará Sánchez, ni sus incompetentes ministros, sino el futuro de nuestro país y de sus nuevas generaciones. Es una oportunidad única. No podemos permitirnos desaprovecharla. Y tiene mala pinta.