Los hechos alternativos
EL presidente del PP, Pablo Casado, ha bloqueado la renovación de los órganos constitucionales durante muchos meses bajo la premisa de que quería la despolitización de cada uno de ellos mediante la elección de personas de alta cualificación profesional y de reconocido prestigio, pero en la primera ocasión que ha tenido ha demostrado su verdadera voluntad, la de proponer dos candidatos para el Tribunal Constitucional que no pueden tener más vinculaciones con su partido.
Casado se ha apuntado a los hechos alternativos, a enmascarar la realidad, porque los dos candidatos que ha elegido tienen una significación política relevante, aunque no sean políticos en ejercicio ni ex políticos, porque hay jueces que sin estar afiliados a un partido tienen una militancia mayor que muchos de sus dirigentes. Las pruebas de jueces que suben en el escalafón hasta ocupar las más altas magistraturas como agradecimiento de los servicios prestados son incontables –esto vale también para el PSOE–.
El líder del PP que dice ahora que mantiene como única condición que se cambie la forma de elección de los vocales para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue bloqueando más de mil días después, evitó que se alcanzara el acuerdo porque uno de los nombres propuestos era el de José Ricardo de Prada, que había sido el ponente de la sentencia de Gürtel, y candidato de Unidas Podemos y no lo iba a permitir. Sin embargo, ahora ha aceptado la candidatura de Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, próximo a la misma formación, con lo cual el PSOE ha cumplido su compromiso de contar con su socio a la hora de elegir los candidatos.
Haría bien Casado en no insistir en que se ha cumplido su exigencia de avanzar en la despolitización de los órganos constitucionales, cuando todos los candidatos que ha propuesto no pueden tener una mayor vinculación con su partido, más allá de sus méritos profesionales. Unas designaciones que ponen de manifiesto que en la renovación del CGPJ mantiene la intención de controlar el órgano de gobierno de los jueces “por la puerta de atrás” con la elección de doce de sus 20 vocales por los propios jueces, que son mayoritariamente de tendencia conservadora, de tal forma que la independencia y despolitización del CGPJ sería un hecho alternativo.