Los males de la Nación

EL ataque que el Gobierno consumó el jueves en el Congreso como batalla definitiva contra el Estado de derecho se perpetra desde una doble estrategia:

Por una parte, retirar del Código Penal los delitos de sedición y la malversación como principales obstáculos para nuevas convocatorias de referéndums independentistas, acatando las exigencias de los separatistas.

Se incluye en el paquete la embestida al Poder Judicial, que se modula –desde normas inconstitucionales y en nombres incapacitables– para que una Justicia cautiva del Ejecutivo avale desde el Tribunal Constitucional las ocurrencias de quienes toman a beneficio de inventario la obligatoriedad legal. Es la última pieza del ajedrez en la partida contra la separación de poderes, una vez subsumidas a capricho de La Moncloa las Cortes Generales y amordazada la Monarquía en un mutismo que pide a gritos un más firme compromiso. Se consuma así la predicción de Alfonso Guerra; Montesquieu ha muerto y los actuales integrantes del Constitucional certifican, con un exhibicionista alarde de falta de independencia, objetividad y compromiso, el entierro. Por cierto, con un gallego de oficiante mayor.

Pues bien, esa tropelía no es sino fruto de la coincidencia de intereses de un presidente sin escrúpulos en su enfermiza fijación de perpetuarse en el poder y de la permanente extorsión que los partidos independentistas –en proyecto de Bildu que se experimenta en Cataluña– hacen de la debilidad que en Sánchez provoca aquella obsesión, apurando hasta el límite la coacción con el arma de sus votos.

Tal situación, impensable en una democracia, es posible por una cuádruple fatalidad:

Por un lado, la falta de compuertas en el texto constitucional, reconocida por uno de los dos redactores de la Carta Magna vivos aún, Herrero de Miñón, para frenar esos desmanes del Gobierno que obvia el artículo 102 de esa ley de leyes que exige del Ejecutivo justamente la defensa del Estado de derecho que quiere conculcar.

Se suma la existencia de partidos separatistas de cuyas acciones ya avisaba Manuel Fraga en 1978 cuando, en una Tercera de ABC, señalaba que “la presencia de partidos nacionalistas, dispuestos a pactar en cada caso con quien más le ofrezca para sus planteamientos nacionalistas, sin un compromiso permanente, o por lo menos de legislatura, ofrece riesgos de la más extrema gravedad”.

La tercera vía de agua se encuentra en lo que a principios del pasado siglo el sociólogo alemán Robert Michels definió como la “ley de hierro de la oligarquía” para explicar la contradicción de por qué los partidos políticos, garantes principales de la democracia, acaban por volverse no democráticos al imponer a sus militantes el obligado mandato que dictan sus dirigentes. Lo evidencia cada día con sus hechos la militancia del PSOE.

Por fin y como causa principal, la existencia de una ley electoral que favorece el continuado chantaje de minorías territoriales a la gobernabilidad del Estado, debilidad que infructuosamente denunció el Consejo de Estado hace décadas.

Puede que, acaso, Sánchez logre perpetuarse en el poder. Pero ese sería su mayor castigo, gestionar un Estado fragmentado y a la deriva.