Los muertos merecen un respeto
DESDE el 1 de marzo al 12 de mayo se produjeron en España 43.295 muertes más de las previstas. El dato es revelador. Lo facilita un organismo oficial del Gobierno, el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo), del Ministerio de Innovación y Ciencia, nada sospechoso por lo tanto de inflar las cifras. La fuente, por otra parte, es fiable: el Registro Civil, del Ministerio de Justicia, en donde se recogen todos los fallecimientos, aunque a veces con retraso, más en estas circunstancias en las que el trabajo en la Administración, como en otros lugares, se ha ralentizado, cuando no paralizado. La cifra pudiera subir. A ella habrá que añadir los fallecidos, digamos de más, posteriores al día 12. Bien se podrían superar los 50.000, pero no se conocerá con exactitud hasta que se normalice el registro.
Cálculos realizados por matemáticos estiman que de haberse decretado el confinamiento una semana o diez días antes el número de muertos sería la mitad. Sea o no acertado el cálculo, lo cierto es aquellos países, e incluso comunidades como la gallega, que activaron antes la emergencia, la epidemia no se extendió con tanta virulencia. El propio Sánchez cifró en 300.000 las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, con lo que está reconociendo que de haberse actuado antes muchos de los muertos seguirían vivos. Y al igual que se adjudica el mérito de salvar estas vidas también está implícitamente asumiendo la parte negativa.
La responsabilidad del Gobierno, para lo bueno y lo malo, es en primer lugar política. En su momento deberá crearse una comisión de investigación parlamentaria. En mi ignorancia jurídica, pero aplicando el sentido común, no creo que existan actuaciones delictivas en el ámbito penal, como tampoco en las residencias de ancianos. Pero hay cientos de denuncias judiciales, muchas, entre ellas a miembros del Gobierno, que no se pueden despreciar. Para despejar dudas lo más apropiado, por el bien del propio Sánchez y del ministro Marlaska, es que se sepa la verdad, colaborando con la Justicia en lugar de destituir a un jefe de la Guardia Civil por seguir las instrucciones de una juez y lanzar una campaña de desprestigio contra la magistrada. Los más de 40.000 muertos merecen un respeto. La corbata negra durante diez días no basta.