Monumentos al disparate
ESTE miércoles entrará en vigor, es decir, tendrá plena obligatoriedad legal, el Plan de Ahorro Energético que el Gobierno Sánchez acaba de sacarse de la chistera de las ocurrencias a través de la fórmula menos comprometida con el respeto democrático, como es el real decreto.
Como ocurriera en anteriores ocasiones, algunas de las medidas nacen tan en medio de la crítica generalizada de afectados –CEOE, comerciantes, hosteleros, peluqueros– como de formaciones políticas y aún de Gobiernos autonómicos que, apenas cuatro días después de promulgada la orden y otros tantos antes de su entrada en vigor, la Vicepresidenta responsable, Teresa Ribera, admite ya rectificaciones, caso de los aires acondicionados a 27 grados que ahora se fija “en el entorno de los 25”, que para tener carácter obligatorio no deja de ser una muy indeterminada forma de requerimiento legal.
En todo caso no será hasta la probada experiencia que ofrezcan los primeros meses de entrada en vigor de las disposiciones cuando se podrá determinar en toda su dimensión la negativa afectación que muchas de las medidas propuestas tienen para la economía, con el retraimiento del consumo, y la seguridad ciudadana como los dos pilares de convivencia más directamente afectados. Para entonces, el daño será ya irreversible.
Asusta pensar en manos de qué Gobierno estamos, capaz de aprobar reales decretos que, como el presente, atentan contra disposiciones legales previas –los 27 grados que prohíbe la legislación laboral– además de suponer un desorbitado gasto para muchos establecimientos con la obligatoriedad de las puertas de corredera. Como el disparate y la chapuza se repite
–más de 125 decretos leyes lleva Pedro Sánchez en su mandato– cabe pensar que la Comisión de Subsecretarios encargada de preparar los Consejos de Ministros lleva meses en huelga de brazos caídos a la hora de advertir sobre leyes en colisión y que la redacción de esas disposiciones legales, cuya aprobación previa, como debiera, se hurta a las Cortes, es fruto de las agrupadas ocurrencias de cada uno de los varios centenares de indocumentados asesores que pululan por La Moncloa en el más impúdico espíritu clientelar. Como, además, vienen ayunos de experiencia y conocimientos jurídicos, pasa –como ocurrió con los que decretaron el enclaustramiento de la población por el Covid19– que no admiten el mínimo amparo constitucional. Pero para cuando falla el alto tribunal, todos calvos. Es la suerte que correrán los anunciados recursos de inconstitucionalidad que contra el referido plan energético anuncian las Comunidades de Madrid y Murcia, además de Vox. No habrá, apuesten, suspensión cautelar como debiera y el nuevo disparate tendrá plena vigencia el miércoles.
De modo que, vistas la falta de criterio, desatinos y esa repetida costumbre de legislar desde la invasión de competencias ajenas, inseguridad jurídica e inconcreción normativa, es apostar sobre seguro el repetido incumplimiento que acarreará el decreto. Que lo protagonicen los ciudadanos podrá conllevar multas; que lo conculquen las administraciones públicas supondrá –contra lo anunciado por el propio Gobierno, que ni eso conocen o esconden– sólo la interposición de los siempre demorados contencioso-administrativos. Es por dar pistas.