No existe secreto bancario
DECÍA la francesa George Sand que debemos aceptar la verdad, incluso cuando nos sorprenda y altere nuestros puntos de vista. Quizás eso esté pasando si analizamos en profundidad informaciones recientes sobre la presunta titularidad de múltiples cuentas bancarias por algún político patrio, según informes de los cuerpos de seguridad. Ni que hubiera secreto bancario.
Lo digo porque esa información está prevista en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que por su artículo 43 establece la creación del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), de carácter público, aunque de acceso restringido.
El fichero se nutre con información facilitada por las entidades de crédito, de dinero electrónico y entidades de pago, obligadas a declarar al Sepblac la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo de cuentas de pago. Debiendo identificar los titulares, representantes o autorizados de cada contrato.
Al fichero solo podrán acceder los órganos judiciales y, con autorización judicial o del Ministerio Fiscal, los cuerpos de Seguridad, CNI, AEAT, etc. Una Orden del Ministerio de Economía de octubre de 2015 estableció su entrada en funcionamiento el 6 de mayo de 2016.
Por lo tanto, cada persona física o jurídica tiene registradas en ese fichero todas las cuentas bancarias en las que figure como titular, autorizado, etc. y carece de sentido que una unidad de inteligencia afirme que “ha descubierto” que uno de nosotros somos titulares de una o cien cuentas, tratándose de información recogida en un registro público.
Tampoco es comprensible que los medios que informan sobre el tema no se preocupen de conocer la existencia de dicho registro o que presuman la existencia de secreto bancario.
Precisamente en mayo de 2018 en un artículo en EL CORREO GALLEGO me refería a la comunicación que numerosos profesionales habían recibido de la AEAT, informándolos de un presunto riesgo fiscal por los ingresos de las cuentas bancarias de las que eran titulares o autorizados, y que hacienda probablemente habría obtenido cruzando datos con el FTF.
Algo tan obvio impediría al político negar su titularidad en múltiples cuentas. En caso contrario cuestionaría la competencia profesional de las unidades que realizaron el informe o, quizás, que la información que se ha trasladado a la opinión pública no reproduce exactamente lo recogido en el referido informe.
Sinceramente, no se concibe en la actualidad que nadie pretenda blanquear fondos de origen delictivo mediante la apertura de múltiples cuentas bancarias en territorio español. Para eso están los testaferros, para ocultar el titular real.