No, no es la ley que España necesita
MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA al obviar el dictamen del CGPJ , invasión sin paliativos de las competencias autonómicas en materia de vivienda de Galicia e intervención de facto del libre mercado de la vivienda. Así podría sintetizar la Ley de Vivienda aprobada por un Consejo de Ministros de un Gobierno bipartito enrocado y que obvia en su totalidad el interés general de los españoles.
Este martes día 1 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Ley de Vivienda estatal. Decir que ya ha nacido viciada, sin consenso, fracturando e interviniendo el libre mercado de la vivienda en España.
De entrada, el propio CGPJ ya asegura que es necesaria una “valoración empírica” y recalca que echa en falta una “justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios del alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas”.
Y no únicamente eso sino que el propio CGPJ tumbó literalmente el informe consultivo al considerar que no es acorde con la atribución que la Constitución hace de esa materia a las comunidades autónomas.
Únicamente va a crear inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación. Aumentando considerablemente el galimatías normativo, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda .Y mi primera pregunta, como presidente de FEGEIN y ASEMI es: ¿en base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? Y ¿qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? La vivienda no es un mercado persa por mucho que se empeñe el actual Gobierno bipartito de tratarlo como tal.
No se trata ni de colores políticos, ni de ideologías de ningún tipo ni condición. Se trata de coherencia, sentido común, y conocimiento de la problemática –en cuanto a vivienda se refiere– de la España real, sin más.
Esta próxima ley invadiría claramente las competencias de la comunidad autónoma de Galicia y, a mayores, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que, para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y Autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías tal como propone el Ejecutivo de la nación. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales.
En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica, y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. Todo ello significa una intervención de facto del mercado de la vivienda cuestionando incluso la propiedad privada. Ya que, sería a mi entender, anticonstitucional, al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución.
En este punto quiero dejar claro que la aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las comunidades autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. Así que ya veremos quién dará ese paso qué únicamente generará una total y absoluta inseguridad e intranquilidad en la ciudadanía. Y no solo eso, ya que el injustificable recargo del IBI a la vivienda desocupada crearía un enorme problema en una Galicia con más de 330.000 viviendas vacías.
A lo que añadir que no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente. Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley que proporcione seguridad jurídica urbanística.
Por último, destacar el dardo envenenado que incluye la futura ley de vivienda es que la Ley de arrendamientos urbanos y las bonificaciones fiscales ligadas a ella en el IRPF son materia estatal y, por lo tanto, para que los ciudadanos de una comunidad autónoma se puedan beneficiar de las desgravaciones de hasta un 90% previstas en este nuevo marco, cada una deberá someterse al mismo. El resultado es que aquellas comunidades que rechacen declarar una zona tensionada, por estar en contra de la idea de obligar a los grandes tenedores a bajar los precios, se encontrarán con que estarán impidiendo a los particulares y pequeños propietarios, que en Galicia son el 88%, a poder acogerse a los incentivos fiscales previstos.
Por último como presidente de FEGEIN y ASEMI espero que la Xunta de Galicia recurra esta ley con lo que contará desde el primer momento con nuestro apoyo y quedamos a la espera de un consenso entre Administración autonómica y estatal para corregir y modificar una normativa que únicamente traerá más incertidumbre y más inseguridad jurídica entre todo tipo de inversores e inversiones.