No por la puerta de atrás
LAS diferentes administraciones comienzan a aplicar la normativa estatal que facilita el acceso a la función pública al personal eventual, suprimiendo en buena parte de los casos la fase de lo que antes se entendía como oposición. El alto índice de temporalidad de los empleados públicos fue expuesto, y criticado, por la Unión Europea.
España, junto a Polonia, está en cabeza de los países con mayor grado de personal interino o contratado frente a los funcionarios de carrera. El tirón de orejas de Bruselas obligó al Gobierno a tomar medidas, aunque en realidad el problema no era desconocido. Se viene arrastrando desde hace décadas, agravado por la gran depresión del 2008 que dejó las arcas del Estado rebosantes de telarañas.
La temporalidad del empleo en el sector público supera el 30 por ciento, bastante por encima del privado de antes de la reforma de la ley, que era del 26 por ciento. La necesidad de rebajar estos índices no es cuestionable, pero la forma sí genera rechazo en amplios ámbitos del mundo laboral por la diferencia de trato para acceder a un puesto fijo de la administración. Podría incluso chocar con la Constitución, cuyo artículo 103 garantiza a todos los ciudadanos el acceso “en condiciones de igualdad” a las funciones y cargos públicos.
Son muchas las personas que en los últimos años dedicaron esfuerzo, tiempo y dinero a preparar oposiciones, o que orientaron su actividad hacia el sector privado, que ahora competirán no solo en inferioridad de condiciones sino que a muchas plazas vacantes no podrán concurrir porque se reservan al personal eventual con algunos, no muchos, años de antigüedad.
Para evitar discriminaciones el sistema debiera afinarse un poco más. Parece evidente que quien ejerció durante décadas una responsabilidad está facultado para ocuparla sin mayor obligación que demostrar la antigüedad, pues tanto la titulación como la competencia estarían acreditadas. Pero lo mismo podría decirse si el trabajo lo desempeñó en el sector privado, sin que ello sea igualmente reconocido.
El Gobierno anuncia más de 40.000 nuevas plazas de empleados públicos. Es la mayor convocatoria que se recuerda. Aun así será insuficiente porque la mayoría de ellas ya están ocupadas por interinos y el resto no alcanzará para reponer las bajas por jubilación.
Podía entenderse la congelación en los años duros de Rajoy, con España a punto de ser rescatada, a lo que el ministro Montoro se aplicaba con fruición para evitarlo, pero no ya en los dos últimos y menos en este cuatrienio de Sánchez en el poder. Pudieron haberse eliminado antes las tasas de reposición o el incremento de plazas MIR en la sanidad, donde resulta que muchas vacantes no se cubren por falta de facultativos acreditados.
Bienvenida sea la reducción de la temporalidad en la Administración, aunque se haya esperado al final de la legislatura para obtener rédito político, pero no se haga por la puerta de atrás. Trátese adecuadamente a los trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron oportunidad, por falta de convocatorias, de acceder a una plaza fija pero respétese también a quienes ni siquiera pudieron aspirar a una interinidad o contrato temporal en la Administración, o simplemente optaron por la empresa privada en donde, recordemos, la media salarial es un 50 por ciento inferior a la del sector público. En fin, cúmplase la Constitución.