Por qué se quejan los futuros abogados

EL sábado 4 de julio se celebraron online las pruebas de acceso a la abogacía. Más de 6.500 graduados, con sus correspondientes másteres en Derecho, participaron en un examen tipo test estructurado en dos fases de preguntas genéricas y específicas en función de la especialidad elegida.

El Ministro de Justicia y el Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia habían suscrito un convenio para el diseño e implantación de las pruebas de acceso a la abogacía y a la procura online. El contenido del examen, como establece el mismo convenio, quedó en manos del Ministerio cuyos servicios confeccionaron las preguntas del cuestionario.

Frente al resto de exámenes en este tipo no es tan importante memorizar. Efectivamente, no es necesario memorizar textos extensos, pero también hay que memorizar, en este caso, datos puros (definiciones, referencias jurisprudenciales y legales...).

Para superarlo no cuenta tampoco el poder de oratoria, ni saber presentar bien las respuestas. Sólo suma puntos marcar la respuesta correcta y para eso lo fundamental es comprender a fondo la materia.

Unas preguntas que en muchos supuestos han desbordado el conocimiento exigible a unos aspirantes al ejercicio de la abogacía, que, además, presentaron deficiencias en su propia formulación. De ahí las numerosas quejas que sobre la forma y el contenido de estas pruebas están transmitiendo los futuros letrados, ya con distintas impugnaciones del referido ejercicio.

Cuando en 2004 emprendimos, los que entonces trabajábamos en el Ministerio de Justicia, la idea de establecer y desarrollar un examen para el acceso a la abogacía, partimos del convencimiento de realizar unas pruebas que valoran sobre todo las capacidades de los aspirantes a letrados.

No se decidió entonces, ni en la ley de 2007, que materializó aquella idea, el tipo concreto de pruebas. Quizá la fórmula ahora escogida por el Ministerio no sea la más adecuada para decidir esas capacidades en los próximos abogados, y más aún cuando se buscan preguntas de difícil comprensión y, por tanto, de imposible contestación.

El Ministerio tiene que ser sensible a estas quejas y adoptar las medidas de corrección que sean necesarias. Los principios de mérito, capacidad e igualdad están en juego.