Que hablen las urnas

LA crisis institucional es de tal magnitud que, de no solucionarse, podría poner fin a la etapa constitucional, como persiguen algunas fuerzas políticas periféricas. En estas cuatro décadas largas de democracia hubo momentos complicados. Citemos los años de plomo de ETA, el 23-F del 81 y el intento secesionista en Cataluña de hace cinco años, pero el estado de derecho siempre prevaleció. En todos estos casos la unidad entre los dos grandes partidos fue decisiva para superar las dificultades, en los que no solo se respetó al poder judicial si no que tuvo papel destacado. Hoy mudaron Lo sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados nos anticipa la probabilidad de que el PSOE acepte abordar cambios constitucionales de calado o, dadas las cautelas de la propia ley de garantías para su revisión, iniciar un nuevo periodo constituyente. O sea, el modelo chileno.

Todo dependerá de los resultados electorales. Si Sánchez necesita de morados e independentistas para continuar en el Gobierno no dudará en aceptar cualquier exigencia con tal de lograr su objetivo. No hay que ser profeta para augurarlo. Basta con hacer un somero recorrido a sus cuatro años y medio como presidente del Gobierno. Ni es que lo denuncie la oposición, lo repiten cada día sus apoyos parlamentarios. En primer lugar ERC y la Generalitat, que hoy son lo mismo, con los que comparte asiento en la denominada mesa de diálogo.

Para saber si los españoles están por un cambio constitucional lo primero es clarificar el panorama político con elecciones. Tampoco causaría gran quebranto en el calendario. Sería un adelanto técnico toda vez que, salgan adelante o no las últimas iniciativas del Gobierno y con unos presupuestos garantizados, la legislatura está prácticamente acabada. Entre vacaciones parlamentarias y las elecciones locales y autonómicas por medio, pocos meses restan de actividad en Congreso y Senado.

Una moción de censura, como proponen Vox y Ciudadanos es perder el tiempo. La utilidad sería para Sánchez, desvíar el foco, ganar tiempo y al final presumir del resultado. Para evitar una larga etapa de vaivenes, como las que históricamente padeció España hasta 1978, es preciso proteger los valores constitucionales. Con la composición parlamentaria actual, en la que el Gobierno de España se sostiene gracias al apoyo de los adversarios de España, con los que dijo que determinados asuntos nunca se pactarían, el futuro se presenta plagado de nubarrones. Lo dijo claro el socialista Page: “No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”. La solución, si es que la hubiere, pasa por las urnas.