Sánchez y la credibilidad
UNA de las características personales que se pregonan de Pedro Sánchez es la de ser un mentiroso compulsivo. Quizá no lo sea más que otros líderes políticos que han realizado manifestaciones políticas y profesiones de fe de las que abjuraron al llegar a La Moncloa porque la realidad económica –Rajoy y los impuestos que no iba a subir– o política –Sánchez durmiendo tras pactar con Unidas Podemos– se impone a las declaraciones precedentes. Es la realidad real.
Todo lo que diga el presidente dadas sus actuaciones previas está sometido a la sombra de la duda, sin ningún beneficio de presunción de inocencia: Sánchez miente siempre y en todas las circunstancias y por tanto todas sus predicciones y previsiones están lastradas por la falta de confianza en que lo que dice se vaya a corresponder con lo que haga.
En un momento en el que se habla de cuestiones tan delicuescentes como los indultos preventivos para los huidos de Waterloo, a Pedro Sánchez se le acusa preventivamente de poner la unidad nacional en almoneda, de estar dispuesto a permitir un referéndum de autodeterminación que acabaría con la independencia de Cataluña, y todo por el deseo de permanecer dos años en el poder, aunque lo pueda perder con su apuesta por la convivencia y el reencuentro. Y todo apunta en esa dirección, aunque quedan dos años por delante.
Entre todos los argumentos retóricos para justificar la medida de gracia se esconde, o no se le da la importancia que tiene, la admonición que cada vez con más intensidad se hace desde el Gobierno a que las relaciones con el Govern de Cataluña, vía mesa de diálogo, se harán “respetando el pacto constitucional y la legalidad democrática”. Pero Sánchez tiene un déficit de credibilidad, ganado a pulso, pese a que por ahora se le aplica una condena preventiva, las sospechas sobre lo que puede ser capaz de hacer sin que haya dado un solo paso que ponga en cuestión la unidad de España.
Pese a sus declaraciones grandilocuentes, los independentistas no han dado un solo paso que provoque una nueva judicialización del escenario catalán. Todo llegará, y habrá que ver cuál es la reacción del Gobierno y si cualquier ataque a la legalidad constitucional es contestado con contundencia, aunque suponga un paso atrás en la construcción de la convivencia. La respuesta a las declaraciones de los indultados a la salida de prisión ha sido un mensaje tranquilo y contundente acerca de que “el Gobierno garantizará el cumplimiento de la legalidad, siempre lo hicimos y lo haremos”. Cuestión de credibilidad.