¿Sanchistas con toga?
SI no fuera por la abundancia de antecedentes al respecto, serían creíbles las afirmaciones de Sánchez sobre su intención de desinflamar –vaya palabro, mejor sería decir normalizar– la política en Cataluña, aunque fuera bordeando los límites constitucionales. Pero no es así. Hay precedentes de sobra en los que dijo una cosa e hizo la contraria, siempre en función del mismo interés: conseguir los votos necesarios para alcanzar el objetivo de tal modo que su fin justifique los medios. Aceptó la ley del solo sí es sí para evitar el encontronazo con Podemos y, en contra de lo declarado hace pocas semanas, suprime el delito de sedición y rebaja las penas por malversación (corrupción) para satisfacer al independentismo. El siguiente paso es controlar la justicia para tener manos libres ante la exigencia, reiterada estos días, del soberanismo: el referéndum de independencia. ¿Alguien lo duda?
Las desaforadas acusaciones desde el Gobierno y su entorno hacia los jueces –“fachas con toga”– por aceptar la reclamación de un grupo parlamentario, cuya base es una cuestión de forma: que pueda debatirse algo tan trascendental como la composición del Tribunal Constitucional, tienen por objetivo desacreditar a uno de los poderes del Estado. Acusar de golpistas y tildar a la mayoría de los miembros del tribunal de fascistas, incluido su presidente, desvela una estrategia cuya finalidad sería, utilizando el mismo lenguaje, copar el TC con “sanchistas con toga”.
La calidad de la democracia en España está a la baja. Sánchez accedió al Gobierno de manera legítima, sí, aunque sin pasar por las urnas. En sus primeras elecciones el PSOE perdió apoyo pero su candidato fue investido, legítimamente, abrazado a Iglesias, con quien “no podría dormir tranquilo”, más el apoyo de los que intentaron una separación ilegal de España. En todo este periodo se abusó del decreto ley, ninguneando a las cámaras de representación popular, cuya misión principal fue convalidarlos, alguno de tanta importancia como la reforma laboral gracias al voto equivocado de un diputado de la oposición.
El Congreso y el Senado se dedican sobre todo a dar el visto bueno a las decisiones del Ejecutivo, sin poder debatir ni siquiera cambios de tanta trascendencia como los que se dirimen estos días. Y eso es lo que se pretende también del Tribunal Constitucional. Que diga sí a todo. La Unión Europea, cuyas competencias en la materia son escasas, y en todo caso indirectas como vemos con Hungría y Polonia, ha mostrado su preocupación por esta deriva autoritaria.
En este y cualquier otro caso, es muy saludable para la democracia de nuestro país que cualquier formación política pueda presentar recursos si considera conculcados sus derechos, que son los de sus votantes, y que antes de aprobar algo de tanta importancia como la que nos ocupa, haya al menos la obligación de debatirlo.
Pero no solo la calidad democrática está en entredicho; también la calidad moral de la política. Resulta bochornoso que una ley para proteger a las mujeres premie a agresores, ya más de un centenar. Conceder indultos sin arrepentimiento y a cambio de favores no es aceptable. Tampoco aprobar leyes a la carta para obtener votos. Ni traicionar al pueblo saharaui, con el que España tiene deudas históricas. Ni efectuar devoluciones en caliente, incluso de menores, en contra de lo que proclamaban. Y no digamos desentenderse de las decenas de muertos en Melilla al tiempo que se presume de escudos sociales y defensa de los derechos humanos. Toca regeneración democrática.