Testimonio de un desasosiego
HACE más de año y medio escribí en estas mismas páginas un artículo titulado La patria de otros, en el que ponía de relieve cómo la apropiación del poder y,
por extensión abusiva de éste, de todas las instituciones, obviando todos los límites y contrapesos legales, por parte de los partidos que forman el Gobierno y de los que apoyan a éstos en sede parlamentaria, estaba trayendo consigo la implantación de una patria que no era la de todos, sino tan solo suya.
Uno de los medios para esta apropiación del poder y, en consecuencia, la implantación de esta patria, añadía, era el recurso a estrategias legislativas incomprensibles, erróneas y, por si esto fuera poco, de dudosa legalidad, dictadas por principios ideológicos que no respondían a intereses nacionales, sino a planteamientos radicales que deconstruían el Estado democrático de derecho.
Desde entonces, la velocidad con la que estos mismos partidos han procedido a esta deconstrucción, sin detenerse en escrúpulos legales o morales, dado que lo fundamental es que se cumpla el objetivo, sin importar cómo, no ha dejado de causarme asombro o, lo que es peor aun, desasosiego. La creación de un foro –gubernamental, claro–, sin debate ni transparencia, contra las campañas de desinformación; la reforma, y posterior contrarreforma, del régimen jurídico aplicable al órgano de gobierno de los jueces; el sesgado enfoque de la política de memoria democrática; el reiterado incumplimiento de la enseñanza obligatoria del 25% de castellano en las aulas catalanas; o el más que previsible reemplazo del delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados son muestras inequívocas de dicha deconstrucción.
Esta deconstrucción es una quiebra sustantiva del principio de legalidad, un principio sobre el que se asienta todo Estado democrático de derecho, y que nuestra Constitución garantiza de forma clara y terminante en sus artículos 9, 103 y 117, entre otros. Un principio que implica que todos los poderes públicos están sujetos a la ley, ya sea internacional, interna o autonómica, según los casos, y que todas las autoridades deben actuar con respeto a ella, dentro de las facultades que les han sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
Frente a ello, estos partidos, a fin de revestir esta quiebra de una apariencia de cierta normalidad constitucional, han construido una realidad alternativa, pero no a partir de hechos ciertos, sino de hechos simulados, o de interpretaciones de unos y otros, que no dudan en utilizar para tratar de imponerla.
Esta imposición trae consigo un claro y preocupante relativismo legal, en el que el incumplimiento sistemático de leyes y sentencias es constante, no sólo por parte de gobiernos autonómicos como el catalán o el vasco, sino también incluso por parte del Gobierno central, a merced de aquéllos en una servidumbre que, lejos de ser ocasional, se ha convertido en algo permanente.
Pero trae consigo también un no menos claro y preocupante relativismo moral, a través del cual se promueve una transvaloración de todos los valores, convirtiendo el poder, o la voluntad de poder, en la única medida de aquéllos. Y ello hasta el extremo de que son los partidos que comparten este poder, en el Gobierno o, por asociación, en sede parlamentaria, los que en virtud de un único canon, el suyo, dictaminan lo que es justo, tolerante, dialogante, progresista, constitucional.
Al analizar este canon, fruto de un “ideario”, “argumentario” o “imaginario” exclusivo y excluyente, Gustavo Bueno previene, en El mito de la izquierda, de los riesgos que el mismo conlleva, en especial cuando no se circunscribe, como es el caso, a todo lo que puede obtenerse a través de los procedimientos democráticos y de sus reglas de juego.
La persistente adulteración de unos y otras conduce a una progresiva merma de la legitimidad y credibilidad de las
instituciones, una merma que es tal vez
el objetivo que se busca para justificar
la desaparición del sistema actual y la instauración de uno nuevo, todo ello
sin prestar la debida atención a lo que
se hace y, sobre todo, a cómo se hace. Porque, como recuerda Ricado Moreno Castillo en Contra la estupidez, no basta con hacer cosas, hay que pensar sobre
las cosas que se hacen.