Turiferarios contra policías
NOTABLES turiferarios del Gobierno han cuestionado el derecho de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manifestarse contra las reformas de la llamada Ley mordaza, calificándolos de “masa gregaria”, como si estos ciudadanos no tuvieran el mismo derecho que se invoca para otros de salir a la calle a exponer sus puntos de vista. Se cuestiona la propia decencia, legitimidad, alcance o intenciones, como si este sector de profesionales no tuviera derecho a exponer de manera pública sus puntos de vista sobre algo que los afecta.
Pero lo más infame de estos comentarios descalificadores no es sólo que se cuestione su fidelidad al orden constitucional sino el papel que han desempeñado y desempeñan en su defensa y mantenimiento, atribuyéndoles un proceloso pasado. Son precisamente, ellos, policías y guardias civiles y sus familias, quienes han sufrido y sufren ahora el zarpazo del terrorismo o de las manifestaciones violentas que tanto se prodigan en nuestros días.
Estos turiferarios analizan las motivaciones de los manifestantes y su propia legitimidad. No se trata de que tengan o no razón en sus reclamaciones, sino que se les niega el derecho mismo a exponerlas, acusándolos de acoger tenebrosas intenciones contra el Gobierno y la democracia misma. Y se cuestiona, con carácter general la fiabilidad que pueden merecer en el ejercicio ordinario de sus funciones.
Se omiten datos esenciales en sus propios análisis, con el hecho mismo de que la llamada Ley mordaza fue declarada constitucional en su momento, salvo en el aspecto relativo a la toma y difusión sin autorización de las actuaciones policiales en la vía pública. Cuestionar que los agentes del orden pierdan prestigio por manifestarse o que en su conjunto puedan incurrir en el incumplimiento de sus deberes constitucionales y reglamentarios es difundir una injusta sospecha.
Y todo esto no limita, reduce o cuestiona que la ley que regula la seguridad pública ha de acomodarse proporcionalmente a los estándares de respeto a la libertad y el conjunto de los derechos de los ciudadanos que esos mismos policías protegen, conforme a los parámetros que señalan las organizaciones internacionales que España debe asumir. Sin duda.