Un desalojo otra okupación
LOS medios de comunicación llevan meses alertando de una realidad que ha tomado cariz de epidemia, y que pone los pelos de punta a los propietarios de viviendas. Cerrar a cal y canto tu vivienda ya no es sinónimo de garantía y salvaguarda de lo que es tuyo, ya que en cualquier momento cualquiera puede usurpar tus pertenencias. Las denuncias por ocupación se han incrementado en España un 40,9 % en cuatro años, pasando de 10.376 en 2015 a 14.621 en 2019, y lo que va de año no pinta mejor porque han seguido aumentando.
La ocupación ha pasado de ser la excusa de la izquierda para atacar la propiedad privada, a convertirse en una grave alteración de la vida ciudadana. La razón de su proliferación encuentra fundamento en cierta tolerancia con los okupas, y sobre todo por la dilación de los litigios judiciales que pueden durar varios años.
Esto supone un calvario para los propietarios afectados, y resulta intolerable y hasta escandaloso que las víctimas se vean obligadas a pagar las facturas de agua, luz y gas generadas por sus okupas, que llegan al colmo de la osadía y desfachatez al instalar en la vivienda ocupada cámaras de seguridad para evitar que entre su legítimo propietario. Resulta también esperpéntico que se trate de demostrar (y en algún caso se acepte) la posesión de la vivienda ocupada, a fin de generar una suerte de domicilio ficticio, mediante un ticket de compra online de pizza.
Es lamentable que a la inmensa mayoría de los okupas su delito le salga gratis, y que después de disfrutar ilegalmente de una vivienda durante meses o años, pasen inmediatamente a ocupar otra. Por lo tanto, no es de extrañar que los ciudadanos terminen por tomarse la justicia por su mano, bien convirtiéndose en okupas de sus propias viviendas aprovechando la salida de sus usurpadores, bien desalojándolos a la fuerza, bien contratando servicios de empresas como Desokupa.
Nuestra Constitución reconoce el Derecho a la Propiedad Privada en el artículo 34, mientras que sus objetores le oponen el artículo 47 que establece que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Ese argumento no resulta válido, ya que el artículo 47 es sólo un principio rector (un deseo) y no un auténtico derecho constitucional que impone una obligación de resultado como es el caso del Derecho a la Propiedad.
En nada contribuye para arreglar este problema, que desde ámbitos de la izquierda se repitan cansinamente falsarios mantras que justifican los asaltos a la propiedad privada basándose en prejuicios tramposos. Se amparan en la difícil coyuntura económica que amenaza a miles de familias para seguir jaleando las ocupaciones, travistiéndolas de conquista social. Nada hay de eso en arrebatar a otro lo que legítimamente es suyo, porque la realidad es que detrás de estos ataques a la propiedad se esconden mafias que operan únicamente en su propio beneficio.
No es momento de medias tintas en la protección y defensa de la libertad y la seguridad jurídica, tan importantes para garantizar la prosperidad de un país. El Gobierno tiene la obligación urgente de acometer una sensata modificación legal, sustantiva y procesal, que defina claramente qué es la ocupación ilegal, impidiendo que la casa ocupada tenga la consideración de morada y defendiendo el Derecho a la Propiedad Privada, porque todo el mundo debe poder dormir bajo techo, pero no a costa del sudor de los demás.