Urge desbloquear el Poder Judicial
RESULTA inaceptable que más de 1.000 días lleve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Su mandato finalizó el 4 de diciembre de 2018, sin que desde entonces se alcanzasen los imprescindibles acuerdos, ante el bloqueo sistemático del PP a su renovación. Ninguna formación política tiene derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales. Y es que la propia Constitución mandata que cada cinco años se renueven los 20 vocales que conforman el poder judicial. Finalizado ese plazo, las Cortes Generales, que representan al pueblo español, actúan.
La Constitución establece que, previa propuesta de los jueces, el Congreso y el Senado deben nombrar sustitutos elegidos por mayoría reforzada de tres quintos entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión. Sólo así, procediendo en tiempo y forma a dicha renovación, se respeta la letra de la Constitución y se aporta legitimidad democrática a dicha elección.
El requerimiento de una mayoría reforzada exige voluntad de dialogo y amplios consensos. Los acuerdos son imprescindibles para alcanzar el apoyo de los 210 diputados necesarios, que con la actual representación parlamentaria solo es posible con los votos favorables del PSOE y PP. No hay otra alternativa. Esto ha sido utilizado premeditadamente por el principal partido de la oposición para bloquear su renovación, impidiendo que la institución cumpla así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
En España, el bloqueo del Poder Judicial solo ha sucedido cuando el PP está en la oposición. La primera se produjo con el PP de Mariano Rajoy, tras la victoria socialista de Rodríguez Zapatero en 2004. La segunda es la que ahora está ejerciendo el PP de Pablo Casado. En varias ocasiones, el PP decidió pactar la renovación del CGPJ y, con diferentes excusas, rompió el acuerdo. La última proponiendo cambiar el sistema de nombramiento, con el argumento de que no le gusta la Ley, y que por tanto no la cumple.
Resulta sorprendente que ahora diga que no quiere cumplir una ley que deriva de un Pacto de Estado aprobado en 2001 con el PP gobernando en mayoría absoluta. Mientras tanto la propia Comisión Europea ha señalado directamente al PP como culpable de este bloqueo, acusándolo de deteriorar la calidad democrática del país.
Por tanto, es imprescindible que el PP desbloquee la renovación de los órganos constitucionales y refuerce así la calidad de nuestra democracia. No sólo la renovación de los miembros del CGPJ, sino también desbloquee la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.
Para tratar de reconducir la situación, esta pasada semana, con el comienzo del curso político, el presidente del Gobierno realizó nuevamente un llamamiento a la oposición para que vuelva al consenso constitucional, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales.
Y es que no hay otra vía. Se tiene que cumplir la ley. Actuar con sentido de Estado y lealtad institucional. Porque no se puede esperar más tiempo. Apremia la renovación. Y sólo queda que el PP cumpla con la Constitución.