Vacuna: no vender humo
COMO sobre el COVID-19 no parece que le queden por ahora más conejos en la chistera, los ciudadanos nos ahorraremos mañana un nuevo Aló, presidente con el que el titular del Ejecutivo retomó días pasados la conocida práctica bolivariana que tan grata le resultó en los primeros meses de pandemia. Así que habremos de quedarnos en la indisimulada pero etérea euforia con que Pedro Sánchez anunció el plan de vacunación nacional, sin que se conozcan más elementos más allá del mero anuncio.
Porque lo que Sánchez anunció y el Gobierno aprobó (?) fue la letra pequeña de un hipotético plan con vacunas que no están en el mercado, sin saber cuáles serán de utilidad ni en cuantas dosis, a través de centros sanitarios que no son de su responsabilidad, por personal que no depende de sus decisiones y en calendario que escapa de su incumbencia, para ocho grupos de población que no se especifican ni en número ni en circunstancias y para, por último, fijando una fecha límite –verano– que los técnicos ven imposible de asumir. Puestos a vender humo, palabrería hueca, es difícil que pueda ser superado en evanescencia e inconcreción. Peor aún, que esas ataduras ejecutivas sean por dejación de las responsabilidades propias.
No extraña, en consecuencia, que varios presidentes autonómicos –Cataluña, País Vasco, Galicia...– se apresuraran a calificar de mero “ejercicio teórico” un personal desiderátum que olvida toda la casuística que demanda la vacunación una vez se supere su ratificación por las agencias del medicamento internacionales.
Olvida el presidente, o no se lo dijeron, que el proceso requiere de un muy específico y complejo entramado logístico de distribución de las dosis, que variará en función de cuál sea la vacuna elegida. De igual modo, que ese plan ha de ser ejecutado por un grupo humano –el sanitario– altamente tensionado durante meses por las exigencias de la propia pandemia y muy escaso en número para abordar la sobreañadida campaña.
Que es preciso decidir previamente qué vacunas son las más adecuadas en función de sus potencialidades de mayor efectividad para frenar la propagación del virus o en crear antígenos que aminoren los síntomas más graves en los contagiados. Que es preciso, asimismo, determinar los grupos de población en función de las aludidas especificaciones, según se quiera evitar la propagación –grupos más jóvenes y de población activa– o su menor incidencia patológica –clases pasivas y de mayor edad–.
Que se requiere, asimismo, de un plan de vigilancia y seguimiento de las personas vacunadas, de modo que puedan descubrirse efectos adversos que precisan de más casuística que una fase de ensayo y ahondar en el conocimiento de la efectividad de la vacuna según dosis y población.
Que será preciso, asimismo, un plan de comunicación incentivador de la vacunación. Hándicaps, todos ellos, que hacen predecir a los científicos, rebajando notoriamente la euforia presidencial, que en el anunciado mes de junio apenas se habrá logrado entre un 15 o un 20 % de ciudadanos vacunados.
Cuantos pasos aceleren ese rígido calendario serán otros tantos motivos de euforia para la castigada y desanimada población. Pero ese optimismo ha de asentarse en previsiones realistas, en datos fidedignos y en el principio de transparencia informativa. Tres obviedades democráticas que en el aconfesional complejo de La Moncloa suenan a música celestial.