Vacunas, pandemia y jueces
HAY ansias para que la pandemia acabe de una vez y que todos seamos vacunados. La efectividad y seguridad de las vacunas además de la celeridad de tenerlas y ponerlas son las principales preocupaciones de la gente. Esto hace que algunos matices y noticias relacionados con ellas pasen desapercibidos por no ser fundamentales. Sin embargo hay algunos que por su significado creo que merecen una cierta consideración.
Hace una semana, varias asociaciones de jueces pedían que estos fuesen vacunados. Añadían que dicha petición fue cursada al ministro de Justicia, que por cierto es juez en excedencia, sin que tuviese contestación. No decían nada sobre por qué los jueces debían tener prioridad. Obviamente, muchos colectivos tienen contacto con más gente que los jueces, como los empleados de supermercados, repartidores, fontaneros, electricistas, profesores universitarios, etc. Incluso dentro del ámbito judicial hay otros colectivos, como los funcionarios administrativos, que también tiene más contacto.
Dicha petición solo se entiende si las asociaciones de jueces se creen que estos son más importantes y por ello deben ir primero, las cuales deberían saber que los jueces forman parte de un poder, el poder judicial, y que dichas demandas se pueden ver como una coacción indirecta hacia el poder político.
Es fácil imaginar las críticas que habría si los diputados o senadores hubiesen pedido ser vacunados prioritariamente. Solo se entiende la petición de las asociaciones de jueces como una manifestación más de su carácter corporativo.
Hay una discusión política sobre si es necesario hacer una ley de sanidad para evitar que los jueces puedan dictar sentencias diferentes respecto a los decretos y órdenes que realizan las comunidades autónomas. Humildemente pienso que lo que había que hacer es actuar para que los jueces no pudiesen actuar así. Cualquier ley de sanidad que se haga siempre encontrará interpretaciones diferentes por parte de jueces y audiencias.
El principio de incertidumbre de Heisenberg de la Microfísica parece que se trasladó al ámbito judicial español. Muchos estudios apuntan que uno de los problemas para la modernización económica de España es la Justicia, que además de lenta es ineficiente. Su carácter garantista se convierte muchas veces como garantía de tener un juicio lento y favorable para los más poderosos. Son estos los que contratan a poderosos bufetes de abogados que, cuando conviene, dilatan los procedimientos de tal manera que sus contrarios no tengan recursos económicos para poder seguir.
Ha habido sentencias anulando disposiciones de comunidades autónomas respecto a restricciones en bares y restaurantes. Mirando hacia atrás, quizás alguna sentencia sea responsable de que, por ejemplo, en el País Vasco se pasase en tres semanas de una incidencia baja a tener más de cuatrocientos acumulados en cien días.
Los jueces y sus asociaciones deberían reflexionar sobre las consecuencias de algunas de sus actuaciones.