Vuelta al cole en septiembre
TODOS estamos pendientes del devenir escolar que se avecina bajo una crisis sanitaria tan letal como desconocida e impredecible. Una vez más, las acciones y decisiones de nuestro Gobierno se comparan y contrastan con aquellas otras acometidas en contextos que consideramos cercanos o similares. Aun así, somos muchos los que venimos advirtiendo desde hace semanas sobre la prudencia que debe primar ante cualquier decisión que se pueda adoptar de manera súbita e irresponsable. Lo prioritario debe ser siempre la protección de nuestros estudiantes, así como de sus concienzudos y diligentes docentes.
La sensatez que exigimos se acrecienta al comprobar que, también en el ámbito educativo, la descoordinación reinante en Europa nos desacredita como proyecto común. En nuestro espacio compartido aparenta que cada cual toma sus propias decisiones; y hasta cuando hablamos de cuestiones que a todos afectan (como las medidas para combatir la pandemia, o los planes de desescalada), el consenso y la coordinación brillan por su ausencia.
Así, por ejemplo, mientras en Francia se habla de un regreso comedido y voluntario a las aulas a partir del 11 de mayo (pese a las críticas de profesores y familias), en otros países (como Portugal) no se plantea todavía, pues los turnos de asistencia, las diferencias entre niveles educativos, las normas de higiene y distanciamiento social, o la compartimentación de aulas y horarios, aparenta más un deseo de buena voluntad, que una realidad eficaz y aplicable. En España, donde siempre imitamos lo que hacen otros, y cuando aún no se ha solventado el cierre del actual curso escolar, la Ministra de Educación ya nos sobresalta con conjeturas para septiembre.
Progenitores y docentes todavía estamos esforzándonos para avanzar con el nuevo e inesperado proceso de enseñanza-aprendizaje telemático. El sistema de evaluación no parece estar aún bien definido. Siguen trascendiendo noticias y datos sobre la brecha tecnológica que perjudica a muchas familias. Y está sin resolver qué ocurrirá con los menores en las fases de la desescalada, cuando padres y madres deban reincorporarse físicamente a sus trabajos.
Es bueno ser previsor, pero con riesgos y sin medidas de conciliación, ni recursos económicos y humanos, no parece sensato que la ministra anuncie clases de hasta 15 alumnos, y docencia presencial alternada con aprendizaje telemático. No será fácil acondicionar las aulas; y los profesores no se pueden desdoblar. Hay centros con humedades, y con infraestructuras limitadas. Y contratar a un profesor (incluso como sustituto) sigue siendo latoso en España.
Hacer una propuesta en estado de alarma, y luego pasarle su ejecución a las comunidades, es hacer un uso indebido del “mando único”, como también lo es aprovechar la situación legal actual para sacar adelante un proyecto de ley educativo sin debate ni consenso, y por la fuerza.