Ayudas con equidad y justicia

EN TORNO a mil quinientas personas de Santiago tendrán derecho al ingreso mínimo vital, según los cálculos realizados por el alcalde, buen conocedor del mapa de la pobreza en la ciudad debido a la gran cantidad de familias que deben recurrir a los bonos sociales del Ayuntamiento y a las instituciones dedicadas a la beneficiencia para poder sobrevivir. Se trata de una buena y mala noticia a la vez. Mala, porque demuestra que en el municipio con más renta de Galicia (solo le gana, por muy poco, el coruñés de Oleiros) residen también cientos de vecinos que están casi sumidos, o sin casi, en la indigencia; y buena, porque posiblemente dicho mecanismo, el de los ingresos de supervivencia, permitirá vivir con cierta dignidad a muchos de quienes hoy tienen que recurrir a las colas del hambre. La crisis que ya se nos ha echado encima por culpa del coronavirus van a empeorar mucho, en los próximos meses y seguramente años, las citadas cifras relacionadas con la exclusión social y ahora es el momento clave de poner cortafuegos a una situación que puede convertirse en un polvorín si al carro de la pobreza se suben, a nivel nacional, cientos de miles de personas que hasta ahora podían ir tirando por sus medios. Pero, metidos en este panorama, las primeras que tienen que dar ejemplo de buena gestión y de austeridad –en el buen sentido del término– son unas administraciones públicas que por lo general tienen fama, seguramente bien merecida, de derrochar miles de millones de euros en acciones que apenas repercuten en el bien común en base a intereses políticos y en el mantenimiento de estructuras sustentadas en amiguismos y favoritismos. Y también esas administraciones deberán velar con mucho celo para que las citadas ayudas se repartan con equidad y justicia. De lo contrario, poco habremos avanzado.

BEATRIZ CASTRO/Periodista