Seguridad jurídica para los hogares

casas ‘okupadas’. Si algo tiene que ser sagrado en un país democrático y sujeto al imperio de la ley es el derecho a la propiedad privada. Máxime si hablamos del domicilio. Tener una vivienda vacía o una segunda residencia de uso vacacional o de fin de semana no puede significar, en ningún caso, barra libre para los que, bajo el pretexto de tener derecho a un techo digno, toman al asalto un bien ajeno para manipularlo sin asumir responsabilidades, haciendo la vida imposible a sus legítimos propietarios, que se las ven y se las desean para recuperar el inmueble. Viene esto a cuento del goteo de casas okupadas que se viene produciendo en los últimos tiempos en Galicia –un problema que hasta hace poco era casi testimonial–, con especial incidencia en zonas urbanas como A Coruña, Santiago, Vigo, Lugo u Ourense. Sólo en el primer trimestre del año, en los juzgados se registraron 24 demandas por ocupaciones de inmuebles y es previsible que entre abril y junio, coincidiendo con el confinamiento por el coronavirus, esta cifra pueda aumentar. Las personas sin hogar merecen toda la atención y que las administraciones articulen medidas y cauces, que los hay, para que todo el mundo tenga un lugar decente donde vivir. Pero no podemos confundir esto con mirar para otro lado con quien incumple las normas. La seguridad jurídica en el hogar es esencial.