Acuerdo entre PSOE y Podemos sobre los presupuestos y la nueva ley de vivienda
El pacto sobre los PGE de 2022 incluye un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades
Los socios del Gobierno de coalición cosieron este martes un acuerdo para los presupuestos de 2022 tras pactar una ley de vivienda con topes al alquiler, como exigía la formación morada. El proyecto se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves, según informa Efe.
Las posturas de PSOE y Unidas Podemos se mostraban alejadas -el lunes mismo los socialistas avisaban de que en un Gobierno se debate, pero no se hacen ultimátums- pero han logrado, en el tiempo prometido por Sánchez -finales de septiembre o inicios de octubre- aunque fuera del plazo normativo, que finaliza en septiembre.
El objetivo que ahora tiene el Gobierno, en minoría, es recabar en el Congreso de los Diputados el respaldo suficiente para que las cuentas públicas estén aprobadas antes de fin de año.
La fórmula que ha facilitado el consenso es el establecimiento de un tope en el precio del alquiler a los grandes tenedores de vivienda -los que posean más de diez- y dejar al margen por ahora a los pequeños propietarios.
Una posición a medio camino entre lo que quería Unidas Podemos -que el límite a las rentas llegase a todos los arrendadores- y lo que deseaba el PSOE, contrario inicialmente a intervenir en los precios de la vivienda.
La ley se aprobará en el Consejo de Ministros en “las próximas semanas”. Será la primera en democracia y tiene como objetivo “contener” e incluso “reducir” los precios del alquiler en España.
El acuerdo incluye además un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades, otra de las exigencias que han mantenido en la negociación los ministros de la formación morada, liderados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Este tipo mínimo busca “adaptarse al consenso internacional”, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
El tipo mínimo de tributación para las empresas sigue la propuesta global del presidente estadounidense, Joe Biden, y hasta ahora los socialistas preferían que se llegara a un acuerdo internacional en el seno de la Cumbre de Roma del G20 en octubre.
Además, el proyecto para los presupuestos generales incorporará la segunda anualidad de fondos europeos por 25.000 millones, e incluirá un incremento del 2 % en los salarios de los funcionarios.
El Gobierno defendió, en boca de su ministro de Presidencia, que los presupuestos son “absolutamente imprescindibles” para alcanzar una recuperación “justa” tras los efectos de la pandemia.
Ambos socios buscan normalizar la negociación de las últimas semanas, donde las discrepancias han sido aireadas en público.
Según Bolaños, se ha dialogado de forma “intensa” y de “manera natural” han logrado un acuerdo. Para Díaz, demuestra que “la coalición goza de muy buena salud”.
···El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un bono vivienda dotado con 250 euros mensuales destinado a los jóvenes de entre 18 y 35 años y con rentas inferiores a 23.725 euros para facilitar su emancipación familiar. El bono estará vigente durante los dos próximos años, detalló Sánchez, quien defendió que una recuperación justa implica facilitar el acceso a la vivienda, a la vez que subrayó que España debe conseguir “adelantar” la edad de emancipación de los jóvenes y situarse en la media europea, que es de 26 años.
···Hizo este anuncio durante la inauguración del I Foro Urbano de España en Sevilla, donde adelantó que dicho bono joven se va a complementar con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 % de su valor para las familias más vulnerables. Las medidas forman parte del acuerdo entre los socios de gobierno para aprobar una Ley Estatal de Vivienda, un “hito sin precedentes”, dijo.
Madrid. El PP acusa al Gobierno de coalición de pactar una Ley de Vivienda que supone un “ataque sin precedentes a la propiedad privada”, que interviene el mercado inmobiliario y da inseguridad jurídica, según indicó en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra.
Subrayó que “las consecuencias de intervenir el mercado inmobiliario” repercutirán en la inversión extranjera, e insistió en que “es un ataque sin precedentes a la propiedad privada. Un principio que defiende el PP y tiene el compromiso de luchar por él y defenderlo”, advirtió.
Consideró que las consecuencias de la intervención de los precios no serán buenas para España y advirtió de que “el precio de los presupuestos generales del Estado saldrá muy caro a los bolsillos y a nuestras propiedades”, ya que también “incluyen subidas de impuestos”.
Por su parte, los aliados parlamentarios del Gobierno recordaron que son imprescindibles para aprobar los nuevos presupuestos.
Así lo apuntó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que fue crítico con Unidas Podemos, de los que dijo que les ven como “hermanos pequeños o primos lejanos” y que siempre van detrás, pero “no siempre es así”, y con el PSOE, del que consideró que está “demasiado tranquilo”.
El portavoz de ERC indicó que no todo se soluciona con una “negociación relámpago” y que su voto “se suda”.
En este sentido, Esquerra Republicana pide que haya avances en la ley audiovisual o en la de memoria democrática, donde han presentado enmienda a la totalidad.
“No ponemos líneas rojas, pero tampoco damos cheques en blanco”, avisó el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, que en Radio Euskadi dijo que si el Gobierno es el “más progresista de la historia debe demostrarlo con avances en derechos sociales y económicos”, y reclamó derogar ya la reforma laboral.
Más País pide también contenido progresista y verde.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció lo que ve una “distorsión brutal” de la libertad y del derecho a la propiedad por inferir “directamente contra la propiedad privada” y afectar “a la gente que ahorra, que tiene propiedades”. efe
