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Ampliada hasta agosto la suspensión de desahucios y la moratoria del alquiler

Será posible acogerse a esta opción siempre y cuando la vivienda sea propiedad de grandes tenedores o de una entidad pública

El Consejo de Ministros aprobó ayer la ampliación durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el que alquila sea un gran tenedor o entidad pública.

Asimismo, y según informa Europa Press se prorroga la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.

También se extienden hasta el 9 de agosto los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones del contrato que esté en vigor.

Por otro lado, se amplía por tres meses el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, presenten la solicitud de compensación, quedando fijado hasta el 9 de septiembre.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explica que las medidas adoptadas tienen “un carácter urgente y son necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables en el contexto de la evolución de la pandemia”.

Respecto a la moratoria o condonación parcial de la renta, el ministerio recuerda que “el objetivo es atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 9 de mayo, actual fecha de finalización del estado de alarma, como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia, y que se trata de una medida que no afecta a pequeños propietarios de vivienda”.

Asimismo, apunta que esta medida sólo puede ser solicitada una vez durante todo el período en el que ha estado vigente esta medida. Ocurre lo mismo con la extensión de los contratos de arrendamiento que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, ya que únicamente puede ser solicitada una vez durante toda su vigencia.

En cuanto a la prórroga de la paralización de los desahucios, recuerda que las medidas de protección se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, con personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

Además, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional,pueda suspender el lanzamiento cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas, solicitando el informe a los servicios sociales competentes con el objetivo de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

Montero niega un compromiso para que se elimine la tributación conjunta
Afirma que la reforma de esta reducción en el IRPF no se incluye en la ficha de fiscalidad

Madrid. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que “no hay ningún tipo de compromiso” para eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF, pese a que se menciona en uno de los anexos del Plan de Recuperación del Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, indicó que la “referencia” a esta medida se incluye en el informe de impacto de género del plan, pero no en la ficha de fiscalidad, donde figuran las medidas tributarias que prevén aplicarse.

El cuarto anexo al plan, dedicado a la igualdad de género, plantea la “paulatina desaparición” de la reducción por tributación conjunta en el IRPF al considerar que “genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta”, que suelen ser mujeres.

La supresión de esta reducción -de 3.400 euros en la base imponible del IRPF en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges- ya fue planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su informe de revisión del gasto público en beneficios fiscales, precisamente por desincentivar la participación laboral de las mujeres.

Montero insiste en que “no es una reforma incorporada a la ficha de fiscalidad”, sino una propuesta de la AIReF que tendrá que ser estudiada por el comité de expertos. efe

04 may 2021 / 18:01
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