Aprobada la intervención federal en Brasilia tras el asalto antidemocrático
De esta forma el Estado se hace con las competencias de seguridad tras la incapacidad de las autoridades de la capital para poder hacer frente al asalto a las sedes de los tres poderes
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la intervención federal de Brasilia decretada el domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asumiera las competencias de seguridad después de que las autoridades de la capital se mostraran incapaces de prevenir y luego frenar el asalto a las sedes de los tres poderes: el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo.
La medida, aprobada por unanimidad, estará vigente hasta finales de enero y deberá ser ratificado por el Senado este martes. “El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia”, dijo el presidente de la Cámara, Arthur Lira.
A pesar de que la medida contó con el aval unánime de la Cámara, algunos diputados bolsonaristas, como las diputadas del Partido Liberal (PL) Carla Zambelli y Bia Kicis, intentaron postergar la votación con el argumento de contar con más tiempo para analizar el decreto presidencial.
Para Kicis, la medida no estaba justificada ya que la situación en Brasilia ya estaba bajo control. “La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado”, argumentó.
Las únicas dos bancadas de la Cámara que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, detalla el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.
El domingo, tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por “omisión” de sus funciones y “connivencia” con los asaltantes.
Golpe de estado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó frente a los gobernadores de los 27 estados del país que los manifestantes que asaltaron este domingo las instituciones brasileñas reclamaban un golpe de Estado.
“El resultado electoral se dio y fue respetado por gran parte de la sociedad, pero algunos perdedores no lo aceptaron y están en la calle. ¿Qué exigen? Están frente a los cuarteles en casi todo el territorio nacional reclamando un golpe de Estado”, declaró.
En este sentido, el mandatario reiteró que los participantes del asalto “no tenían una agenda de reivindicaciones”, sino que solamente querían “un golpe”.
“No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió”, sostuvo Lula en referencia a los campamentos de cientos de simpatizantes del exdirigente del país Jair Bolsonaro frente a los cuarteles del Ejército.
Las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados de Brasil solicitaron al Tribunal Supremo que investigue los casos de congresistas en los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo en Brasil, con miles de seguidores de Jair Bolsonaro irrumpiendo la sede de los tres poderes del Estado.
El PT solicitó al juez del Supremo Alexandre de Moraes que sea el encargado de estas investigaciones, que implicarían a los diputados bolsonaristas electos Clarissa Tércio, Silvia Waiãpi, André Fernandes y la suplente Pâmela Bório, pidiendo que a los tres primeros no se les permita asumir el cargo.
Al mismo tiempo, la petición reclama que los cuatro sean incluidos en las investigaciones que dirige De Moraes sobre los casos de las noticias falsas durante la campaña, la de las milicias digitales y el que señala directamente a Bolsonaro por vincular las vacunas contra el coronavirus con el sida.
Por su parte, el PSOL pidió que en la investigación se incluya al senador electo Magno Malta y a los diputados Ricardo Barros, Márcio ‘Coronel’ Tadeu, José Mederios y Carlos Jordy, la mayoría de ellos del Partido Liberal de Bolsonaro, y que se les retire el pasaporte y se les prohíba utilizar las redes sociales.
Junto a estas denuncias ante el Supremo, también se presentaran otras en los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso, informa el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
Antes de que las formaciones oficializaran sus intenciones, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, dijo que todos los congresistas que participaron en los actos serán investigados.