Aval a las previsiones de Moncloa de la AIReF, que pide un plan fiscal
Mejora el déficit para este año y 2022, pero ve a España más vulnerable que al resto de Europa
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) coincide en términos generales con las cifras macroeconómicas y presupuestarias del Gobierno para el período 2021-2024, incluso las mejora para algún ejercicio, pero critica la ausencia de un plan nacional con objetivos fiscales precisos.
En la presentación del informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, subrayó que la estrategia fiscal del Gobierno está incompleta y no integra los efectos macroeconómicos y fiscales de todas las reformas e inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según informa Efe.
En comparación con otros países del entorno, España está en una situación parecida a la de Portugal, que tampoco concreta medidas fiscales, pero más alejada de países como Francia o Italia, que precisan algo más, o Alemania, que incluye un plan nacional con alto grado de detalle.
Herrero reclamó al Ejecutivo una estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, y también que se detallen las implicaciones permanentes que podría tener la ejecución del plan de recuperación.
A su juicio, “probablemente habrá un deterioro del saldo estructural de las cuentas públicas” porque muchas de las inversiones del plan de recuperación tienen riesgo alto de incrementar el gasto estructural, sobre todo las que tienen que ver con la modernización de las administraciones, la educación, los cuidados, las políticas de empleo, y la ciencia y la innovación.
La AIReF prevé una senda de déficit similar a la del Gobierno, aunque cree que la rebaja será más intensa en 2021 y 2022 por la inercia de la recuperación económica, prácticamente igual en 2023 y algo menor en 2024 por el agotamiento del crecimiento.
Calcula un déficit del 7,8 % del PIB para 2021, frente al 8,4 del Gobierno, del 4,6 para 2022 (5 del Gobierno); del 3,9 para 2023 (4) y del 3,5 para 2024 (3,2 %).
De esta forma, al recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia de la COVID, el déficit público estará todavía 1,5 puntos por encima del cierre de 2019 (2 % del PIB).
La diferencia sería de 1,1 puntos si se toma como referencia el saldo estructural, ya que la AIReF calcula que el déficit estructural fue del 3,5 del PIB en 2019 y será del 4,6 % en el ejercicio de 2024.
La entidad también ve algunas diferencias en el reparto del déficit por subsectores, de manera que prevé un menor déficit para la administración central y mayor para la Seguridad Social y las comunidades, aunque incide en que las cifras del Gobierno podrían contemplar transferencias extraordinarias a estas administraciones como las de 2020 y 2021, algo que no se aclara en el programa.
El rebote esperado de la actividad económica y el impulso del plan de recuperación permitirá una disminución de la ratio de deuda en 7,6 puntos en el horizonte previsto, desde el 120 del PIB de 2020 al 112,4 % para 2024 por la AIReF, que ve factible la proyección de deuda del Gobierno muy similar a la suya.
No obstante, advierte de que la situación de partida con un incremento de la deuda de 24,5 puntos en 2020 sitúa a España en una posición más vulnerable respecto al resto de países de la UE.
···Un mayor gasto en pensiones y un endurecimiento de las condiciones para financiarse son los principales riesgos que hay ahora para la sostenibilidad de las finanzas públicas, se-gún la AIReF.
···Cree que el escenario del Gobierno es realizable si remite la pandemia y se ejecutan en plazo y con la calidad suficiente los proyectos financiados con los fondos europeos. Estima que las inversiones y gasto asociados al plan podrían representar un impacto en el crecimiento del 1,5 % este ejercicio, del 2,5 el próximo y del 1,6 % en 2023.
Madrid. Las pymes, autónomos y empresas que pidieron financiación con aval del Instituto de Crédito Oficial para capear la pandemia podrán alargar hasta diez años su devolución, y tener un período de carencia de más de dos años en el pago del principal.
La condición es que la facturación haya caído un 30 %, explica en un comunicado el Ministerio de Asuntos Económicos, según recoge Efe.
Además, se mantendrá el aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos, lo que permitirá mejorar la solvencia y calidad crediticia.
Y, en último lugar, se destinan 3.000 millones de euros para que el ICO, principalmente, acompañe los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval del Estado, y los bancos apliquen quitas, reduciendo el importe nominal de la deuda y contribuyendo a la solvencia de empresas viables con problemas financieros.
El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo con las líneas de actuación que deberá seguir la banca si quiere refinanciar o reestructurar los préstamos concedidos con aval del Estado, y da luz verde a un código de buenas prácticas con los pasos a seguir para que las entidades actúen de forma coordinada.
Los bancos podrán adherirse de forma voluntaria a este código, y el Ejecutivo publicará la lista de aquéllos que se apunten y de los que no. efe