Caravana de vehículos en 50 ciudades oponiéndose a la Ley Celáa
La manifestación tenía como lema: “Por el derecho a elegir la educación que queremos”
La manifestación convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la reforma educativa conocida como Ley Celaá, ha llenado este domingo de vehículos las calles de más de 50 ciudades en más 30 provincias españoles por la libertad de enseñanza. Los ciudadanos, animados por la plataforma que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, se han manifestado para protestar al grito de “Stop Ley Celaá”.
En Madrid, la marcha más numerosa, en la que han participado 5.000 vehículos según la Policía Nacional, ha finalizado tras casi dos horas con la lectura de un manifiesto. La concentración ha transcurrido por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Glorieta de Cuzco y la Plaza de Cibeles, donde los organizadores han leído el texto contra la Ley Celaá.
Bajo el lema ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos’, los manifestantes se han movilizado con vehículos en provincias de todas las autonomías, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.
El manifiesto pide la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo. “Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia”, sentencian los organizadores.
El texto defiende la complementariedad de las redes pública y privada-concertada y no admite que la Ley Celáa “permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado”.
Los manifestantes no aceptan el modelo de “inclusión radical” que, a su juicio, pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial “a su progresiva desaparición”. Además, exigen “mejoras reales” para el personal de centros educativos, ya que, en su opinión, la nueva ley “abandona” a los profesionales de la concertada y de la educación especial “al no incluir ni un solo beneficio que equipare y mejore sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo”.
En el manifiesto, denuncian que, a través del “control político” de la educación, se está asistiendo a una “agresión de la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista”.
En este contexto, han explicado que la asignatura de religión se cursa “con absoluta normalidad” en España y es una “opción mayoritaria” de las familias españolas, que “eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada”.
Los manifestantes han instado a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Celaá y les solicitaran manifestar “explícitamente” su compromiso de derogar esta ley “tan pronto como sea posible”.
En este sentido, el Partido Popular y Vox han anunciado durante la marcha que presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma de la ley mientars que Begoña Villacís, que acudió como miembro de Ciudadanos, destacó que el PSOE “no puede permitirse suplantar a los padres” en lo que concierne a la educación de sus hijos. “Esto es un debate sobre la libertad”, ha dicho.
PADRES DE ALUMNOS. Durante la marcha, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, Pedro Caballero, ha destacado el “gran error” de la ministra al querer “erradicar” la educación concertada y apostar sólo por una educación “única, pública y laica”.
“Hemos salido las familias para decirle a Celaá que no la queremos, no queremos su ley, queremos seguir existiendo y seguir trabajando por esa calidad educativa en España”, ha subrayado Caballero, al tiempo que ha defendido que si de verdad se quiere garantizar la gratuidad de la educación tiene que “ser igual para las dos redes, tanto la pública como la privada”.
Así, ha criticado que la “imposición” que quiere este Gobierno es para “garantizarse” unos Presupuestos Generales del Estado u “otras historias”. “Le pedimos la libertad de la familia, que tiene que respetarla. Esta ley lo único que hace es acabar con la red concertada”, ha lamentado.
El PP buscará fórmulas para frenar en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna (Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León), los “aspectos más lesivos” de la Ley Orgánica de modificación de la LOE, más conocida como Ley Celaá. Se trata de “blindar” a través de decretos u órdenes “la libertad de elección” y “proteger” la educación concertada y especial, según han informado fuentes de la formación.
Esta vía de actuación también forma parte de la ofensiva que ha puesto en marcha el partido de Pablo Casado contra esta norma y que incluye: recogida de firmas en la calle; movilización de los cargos del PP en todas las provincias con actos y reuniones con la concertada y los sectores educativos implicados; y mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos.
Además, el líder del PP ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional (una vez esté definitivamente aprobada, dado que ahora comienza su tramitación en el Senado) y acudirá a Europa. “Vamos a ir a las instituciones europeas para que se garantice la libertad de elección educativa y la libertad para que se pueda uno educar en la lengua común de todos los españoles”, dijo.
RESPUESTA DEL PSOE. El PSOE ha respondido al presidente del PP, Pablo Casado, que “no se puede cuestionar” la aplicación de la nueva ley educativa “en ninguna comunidad autónoma”, como pretende hacer el PP, porque se trata de una ley orgánica. La diputada socialista y portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha reprochado a Casado su “deriva” e “irresponsabilidad absoluta” por anunciar que recurrirá al Tribunal Constitucional y por decir que garantizará en las comunidades autónomas donde gobierna que no se aplique la norma.
Martínez Seijo exige a Casado que “cumpla con el Estado de Derecho” en las comunidades donde gobierna su partido, y que “trabaje verdaderamente por la educación en este país”. A su juicio, los argumentos que está esgrimiendo el líder de los ‘populares’ contra la Ley Celaá están generando “incertidumbre” a las familias, por lo que le ha apelado a que vuelva a la “moderación” y a que deje “los posicionamientos ultras”.