El bloque progresista impone su ley en el TC y hace presidente a Conde-Pumpido
El veterano magistrado gallego suma seis votos frente a los cinco de María Luisa Balaguer // La “Constitución no permite la autodeterminación”, avisó, en unas palabras al Pleno tras la votación // Inmaculada Montalbán será vicepresidenta, dejando al ala conservadora sin representación
La nueva mayoría progresista ya impone su ley en el Tribunal Constitucional. Así, el veterano magistrado gallego Cándido Conde-Pumpido fue elegido ayer nuevo presidente, tras obtener seis de los once votos que estaban en juego durante el Pleno celebrado en la corte de garantías. Inmaculada Montalbán, por su parte, se alzó con la Vicepresidencia, por lo que el ala conservadora, minoritaria, se queda sin representación institucional rompiéndose la dinámica de los últimos años.
Tras conocer la noticia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se congratuló por la renovación del Tribunal y consideró “una buena noticia” que “la democracia funcione y las instituciones se renueven con total normalidad democrática e institucional”. El PP, por contra, lamentó que la vicepresidencia haya recaído en un miembro del mismo sector que el del presidente del órgano de garantías.
Finalmente, Conde-Pumpido ganó el pulso a María Luisa Balaguer, también progresista, que se postulaba como candidata de consenso con el bloque conservador. Él obtuvo el respaldo unánime de los otros cinco magistrados del sector progresista, incluido el de María Luisa Segoviano, cuyo voto era la gran incógnita, mientras que ella sumó el suyo y el de los cuatro conservadores.
De esta forma, el bloque progresista cierra la fractura generada un día antes, cuando sus siete magistrados celebraron una reunión interna con la intención de que el grupo acudiera al Pleno con un solo candidato, algo que no fue posible por la persistencia de ambos en someter su propuesta al conjunto del tribunal.
Según informa el TC, el Pleno también eligió con los mismos números (6 a 5) a Montalbán como nueva vicepresidenta del tribunal, rompiendo la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario. De hecho, el bloque conservador había postulado a Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que logró cinco votos.
Pumpido y Montalbán sustituirán a Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, que abandonaron sus cargos el pasado lunes, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, con la renovación parcial del TC, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio. La entrada de los cuatro nuevos magistrados provocó un vuelco de la antigua mayoría conservadora –de 6 magistrados frente a 5– a una holgada progresista –de 7 contra 4–.
De los cuatro nuevos magistrados, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el Gobierno, reemplazaron a González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo Rajoy. María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, dieron el relevo a Xiol y Martínez-Vares, postulados también por el CGPJ.
Tras asumir el cargo, Conde-Pumpido dirigió unas palabras al Pleno asegurando, según fuentes jurídicas, que la “Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación” y que el principio de la unidad de España es inequívoco.
objetivo: poner al día el tribunal. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el nuevo TC ve necesario hacer una puesta a punto con la intención de liquidar en los próximos meses la larga lista de asuntos pendientes, que atribuyen a la consolidada costumbre del Constitucional de no resolver temas polémicos en el fragor del debate político. La idea, indican, es empezar por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de Zapatero.
En la mira del Constitucional están igualmente los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del TS y contra la pérdida del escaño. La Fiscalía se mostró a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena.
También siguen en el tintero los recursos de Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió a un CGPJ caducado –como el actual– hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.
La primera reforma fue impugnada por Vox y por el PP. Ambos recursos fueron admitidos pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso ‘popular’ contra la segunda modificación. Algunas voces habían urgido al TC a resolver estas impugnaciones para despejar dudas en el contexto de la crisis generada en torno al CGPJ, si bien fuentes del tribunal pusieron de relieve la necesidad de mantenerlo al margen del ruido político.
Además, el TC aún debe resolver el fondo de los recursos de PP y Vox contra la forma en que se tramitó en el Congreso y en el Senado la reforma para desbloquear la renovación del propio Constitucional, que finalmente tuvo lugar el pasado lunes. No obstante, al ser de las impugnaciones recientes, se encuentra a la cola de la lista de prioridades, de acuerdo con dichas fuentes.
EL 25%, EUTANASIA Y ‘LEY CELÁA’. El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Entre los asuntos que aguardan respuesta, destacan asimismo los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, también conocida como Ley Celaá. El entonces líder del PP, Pablo Casado, calificó la norma como “un atentado contra la libertad” y contra la calidad y unidad del sistema educativo.
Tampoco se resolvió la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban “educación afectivo sexual”, una medida que –dicen– “incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos”. En el plano social, la corte de garantías admitió también los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.
LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL. Otros recursos a la espera de fallo en el TC son los presentados por Vox, PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado ‘popular’, que se sumó por error suyo a los síes.
El TC también admitió pero no resolvió las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.
Santiago. El Tribunal Constitucional que presidirá el gallego Cándido Conde-Pumpido es a día de hoy, según el PP, “una institución también debilitada por los efectos del sanchismo”. Los populares, con todo, confían en que “blinde” su labor ordinaria de la “voracidad institucional” del Gobierno, al que acusaron de “saltarse consensos”.
Así se pronunciaron fuentes de la cúpula del PP tras la elección de Conde-Pumpido como nuevo presidente. Desde la calle Génova subrayan que el Constitucional es un órgano fundamental en el Estado de Derecho en España que “debe garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna y su acatamiento por todos los poderes públicos”.
“Lamentablemente, a día de hoy, es una institución también debilitada por los efectos del sanchismo y comprendemos que entre la opinión pública puedan suscitarse dudas acerca de su independencia”, apostillaron. En este sentido, indicaron que “ya era inédito que dos ex miembros del Gobierno en ejercicio, un ministro y una alto cargo, pasasen a formar parte del TC nombrados por el mismo Gobierno que les designó para sus anteriores funciones”, en alusión a Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Por ello, el PP espera que el tribunal de garantías “pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones, mermando con ello su credibilidad y devaluando de forma injusta el impecable trabajo de cientos de servidores públicos que desempeñan cada día su labor en estos organismos guiados por el más escrupuloso respeto a la ley, la vocación de servicio público y la más exigente profesionalidad en el ejercicio de sus funciones”.
Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, reclamó de nuevo a Conde Pumpido desde Fuerteventura que su hoja de ruta sea la Constitución y “no ceda” si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere “meter la mano”. e.p.
Cándido Conde-Pumpido ( A Coruña, 1949) , el magistrado del ala progresista que ahora preside el Tribunal Constitucional, fue fiscal general del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se opuso –durante su etapa en el Tribunal Supremo– a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el ‘caso GAL’ y se mostró –como magistrado del TC– en contra de considerar inconstitucionales varios apartados del estado de alarma que dictó el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la pandemia del coronavirus.
Asume la Presidencia tras seis años como magistrado en el Constitucional, al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados –incluido su presidente–, el nombre de Conde-Pumpido empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no fue hasta este miércoles que se hizo con el cargo.
Pertenece a una larga familia de juristas y genera en el sector tanta crítica como admitración. Fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, a propuesta del Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. Es quien más tiempo ostentó este cargo. En esos siete años se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción: la relativa al ‘caso Malaya’, en la localidad malagueña de Marbella; la del ‘caso Palma Arena’, que comenzó a investigarse en 2008; y la de la trama ‘Gürtel’, relacionada principalmente con el PP de Madrid y Valencia.
En sus primeros años como fiscal general, la Fiscalía triplicó la presencia de fiscales en la Audiencia Nacional especializados en terrorismo islamista, tras los atentados del 11-M. De su mandato se recuerdan, entre otras, la ya famosa frase que pronunció durante una tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la organización terrorista de que había que “mancharse las togas con el polvo del camino”.
También causaron polémica unas declaraciones suyas, durante un desayuno informativo de Europa Press el 16 de abril de 2009, cuando denunció que la Fiscalía se tenía que apoyar únicamente en la Guardia Civil en relación a las listas que periódicamente pretendía presentar a las urnas el entorno de ETA, ya que la Policía, según dijo, sólo respondía a las peticiones del juez instructor, en clara referencia al exmagistrado Baltasar Garzón.
También fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde destacó por su oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el ‘caso GAL’.
Fue ponente de sentencias como la del ‘caso Roldán’ en 1999, en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años. Y llevó a cabo la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la ‘Operación Taula’ derivada del ‘caso Imelsa’.
En la lista de casos en los que participó consta también el relativo a la privatización de la empresa textil Intelhorce y el caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras.
Además, Conde-Pumpido formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el ‘caso Marey’. También integró la Sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, ‘Alfon’, al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 “estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión”.
El ahora presidente del TC fue, a su vez, ponente de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011. En este caso, el Tribunal Supremo aconsejó la conveniencia de establecer una regulación “suficientemente precisa” de los viajes realizados por los parlamentarios para evitar “cualquier duda” del correcto empleo de los fondos públicos.
A lo largo de su carrera también fue portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ( y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.