El Gobierno rectifica y pide renovar en las Cortes y con toda urgencia el CGPJ
Exige el PP a Sánchez la despolitización del organismo judicial tras la “intervención” de Europa
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió este miércoles el actual modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las Cortes Generales, con el que la independencia está “garantizada”, y ha urgido de nuevo a la renovación del actual cuyo mandato expiró hace casi dos años y medio.
Campo se pronunció en estos términos en la conferencia coloquio Justicia y Territorio del programa Foro SER Navarra sobre la petición de la Comisión Europea a España de un cambio de modelo en la elección de los vocales de ese órgano para que los jueces elijan directamente a la mitad de ellos.
La Comisión aplaudió la decisión del Ejecutivo de retirar la propuesta de reforma legislativa para suprimir la mayoría reforzada que actualmente se exige en el Parlamento (tres quintos) para reducirla a mayoría absoluta y así salvar la negativa del PP a renovar el actual Consejo.
Esa decisión, dijo Campo, “estaba hablada” con Unidas Podemos, dado que, pese “al ruido que se puede exteriorizar”, hay “un solo Gobierno”.
En cuanto al sistema de elección de los miembros del CGPJ, consideró “legítima” la postura de los jueces que piden una elección directa, pero no que digan que el actual sistema “quiebra el estado de derecho ni que desmerece con los países del entorno”, cuando se trata de un modelo que tiene el aval del Tribunal Constitucional.
Ha recordado el ministro que Europa también ha lanzado el mensaje de que “renueven el CGPJ” y ha argumentado que con el modelo actual –según el cual las Cortes eligen a los 12 vocales que corresponden a los jueces entre una lista de 50 propuesta por los propios jueces– “la independencia la tenemos garantizada”.
“Europa nos dice que hay que renovar”, insistió Campo, quien recalcó en que el riesgo es el actual bloqueo de casi dos años y consideró un “error” interpretar como “un castigo” que se haya impedido que un Consejo con un mandato caducado pueda seguir haciendo nombramientos, cuando no es más que “una incentivación”. Esa ley “se ajusta perfectamente a los parámetros del estado de derecho”, por lo que es “un mal ejercicio” hacer “un uso torticero de las palabras para confundir a la ciudadanía”.
De la renovación del Consejo recordó que “un mandato constitucional” para el que “no hay alternativa”, por lo que criticó por eso “el ruido” de la oposición, reclamado al PP que “se decida ya porque sin él no se puede” y hay que “culminar lo mucho que hemos avanzado”.
CASADO pide reforzar la independencia. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpla con lo que pide el Consejo de Europa y haga una reforma para reforzar la independencia judicial; la condición que el PP pone para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
El jefe de la oposición celebró que el Gobierno haya retirado la reforma que pretendía rebajar la mayoría necesaria para a los vocales del CGPJ, una iniciativa que podría haber dejado al PP fuera de la renovación del órgano y que despertó preocupación en Bruselas. Considera Casado que tanto la Unión Europea como el Ejecutivo dan la razón al PP.
“Ya le dije a Pedro Sánchez que nadie me presionaba y menos una persona como él”, señaló Casado en declaraciones a los periodistas en el Congreso. Y ha recordado que se “plantó” en Europa para denunciar esta reforma “intolerable” porque suponía poner en riesgo el estado de derecho, la separación de poderes y la recepción de los fondos europeos para la recuperación.
El líder del Partido Popular culpa a Sánchez de la falta de renovación del CGPJ pues el PP, argumentó, no ha variado su posición en dos años y medio. Si Sánchez acepta lo que dice el Consejo de Europa y refuerza la independencia judicial, “mañana mismo se puede renovar el CGPJ”, agregó Casado. Y ha advertido: “No hay plan B al estado de derecho”.
Catedrático de Derecho Constitucional
La elección de la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces responde al diseño original que pretendía la Constitución. Sólo después de las malhadada Ley Orgánica del Poder Judicial y de la poco acertada decisión del Tribunal Constitucional avalando la ley de 1985 esto ha cambiado. Que ese diseño no es acertado es algo que se viene repitiendo desde el Consejo de Europa. La proposición de ley presentada por los grupos socialista y de Unidas Podemos no solo no corregía ese defecto sino que lo agravaba. Resulta lógico que la UE haya dicho que esta reforma, de llevarse a cabo, supondría una vulneración de las garantías del Estado de Derecho.
La Constitución establece que 12 de los 20 miembros del CGPJ debe ser elegida “entre” los jueces. Cuestión distinta es si debiéramos plantear una reforma constitucional para que esos otros 12 miembros no sean elegidos por las Cortes Generales sino por otras instancias implicadas en el funcionamiento del Poder Judicial, como el Ministerio Fiscal y los colegios de abogados.
Admitida la conveniencia de que la mayoría de los miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces cabe plantear con qué criterios. Una fórmula, fácil, y lógica, sería volver a la ya existente en la Ley Orgánica 1/1980, del Consejo General del Poder Judicial de 10 de enero de 1980. Quizá en lugar de hacer experimentos o querer ser originales debiéramos volver a un modelo que ya está experimentado y funcionó adecuadamente.
Profesor de Derecho Constitucional
Desde un punto de vista teórico estamos convencidos de que la mejor opción es que todos sus integrantes sean nombrados por la totalidad de los jueces y juezas españoles. No obstante, el poder político siempre ha intentado introducir modulaciones y no perder influencia, como se ve en el propio art. 122.2 de la Constitución. Las previsiones de desarrollo de dicho artículo concretaron tales “precauciones”, aunque al menos contemplaban mayorías cualificadas que empujaban a cierto consenso en el Congreso de los Diputados y en el Senado (el art. 567 LOPJ habla de 3/5). Los estándares europeos reclaman garantizar la independencia judicial, y una mayoría cualificada en la elección la protege mejor que una mayoría simple. Sin duda, ello es cierto, pero permanece sin realizar la opción más óptima para dicha finalidad. Hace falta más cultura constitucional que abogue, en este tema, por el distanciamiento del poder político-partidista y persiga una mayor confianza ciudadana en esa imprescindible independencia judicial.
Presidente de la Audiencia Provincial de Ourense
La designación parlamentaria de la totalidad de los vocales judiciales, y con ello los problemas para alcanzar las mayorías necesarias, ha trasladado a la opinión pública la consideración de que el CGPJ es un órgano politizado. La necesidad de mantener la actual configuración del Consejo como un órgano independiente determina que cualquier reforma que se plantee deba garantizar su independencia. Desde esta perspectiva, la independencia no se alcanza con reformas como la propuesta, sino reconfigurando el sistema de nombramiento, volviendo al sistema diseñado por la Constitución de 1978 que atribuía la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. La actual estructura asociativa de la carrera judicial muestra una pluralidad de visiones de la función judicial, que a buen seguro se reflejaría en un futura elección. El mantenimiento del actual sistema parlamentario de nombramiento de los restantes vocales, así como su procedencia desde otros operadores jurídicos e incluso desde el mundo académico, evitaría las alegaciones de corporativismo.
El sistema puede completarse con otros mecanismos de control, como la necesaria rendición de cuentas del Presidente del Consejo ante el Parlamento, y sin que pueda considerarse que supondría una disminución de los criterios de exigibilidad en el desempeño de la profesión, pues, desde la creación de esta institución se ha reforzado su transparencia, el acceso de los ciudadanos al sistema de quejas y la inspección de tribunales, los cuales garantizan un correcto funcionamiento de juzgados y tribunales. Las recomendaciones europeas toman, además, por base el sistema de funcionamiento de otros países de la Unión, en los que se configura el órgano con una presencia mayoritaria de jueces, observándose mayor garantía de independencia y sin perder por ello, las facultades de control para evitar cualquier forma de corporativismo.
Magistrado
La designación de la mitad de los miembros del poder judicial por los propios jueces era algo que ya estaba previsto en la Constitución. Se necesita una democratización de los poderes judiciales, no debe haber solo influencia política. Estas recomendaciones no son nuevas y es de esperar que el Gobierno le haga caso a la Comisión Europea.
Algún tipo de control o participación política es positivo, bien sea la cámara de representantes o el propio Gobierno, lo que no puede ser es que una sola institución decida todo. Sería positivo que también participaran otros organismos, como los colegios de abogados y la fiscalía.
Catedrático de Derecho Mercantil y presidente de Iurisgama
Comparto la opinión de la Comisión Europea, en el sentido de que los propios jueces elijan a la mitad de sus miembros. Es más: deberían elegir a todos los miembros. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de gobierno de todos los jueces y magistrados en España. Y, por lo tanto, es necesario que –al menos- la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios interesados.
En cuanto a la modalidad de elección, estimo que debería volverse al sistema inicial de la Constitución de 1978. Es decir: los jueces deben elegir por sufragio libre, directo y secreto a los propios jueces o magistrados que deben formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
··· La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han acogido con “satisfacción” la decisión del Gobierno de retirar definitivamente la propuesta de cambiar las mayorías por las que se elige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien han insistido en la urgencia de renovar el actual CGPJ para abrir después del debate sobre el sistema de elección de sus miembros.
APM y AJFV achacan el giro de Moncloa a la “presión” de los jueces y al “toque” de Europa. Para JJpD, es una “reflexión” del Ejecutivo tras “escuchar” a los jueces, a la sociedad y a las instituciones europeas.