El Tribunal de Cuentas se defiende de los ataques y destaca su independencia

El Tribunal de Cuentas reiteró ayer en un comunicado su función jurisdiccional “dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos”. Además, dejó claro que los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos.

El pronunciamiento del órgano fiscalizador tiene lugar en el marco de la notificación del acta de liquidación provisional a 34 excargos del Govern de Cataluña a quienes reclama 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas “embajadas catalanas” y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

“Ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico”, precisó en el comunicado.

Subrayó, además, que la misión del Tribunal de Cuentas es “contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional”.

En este sentido, recordó que ejerce con “carácter supremo” la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función.

“PROFESIONALES CUALIFICADOS”. Asimismo, puntualizó que los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos. El destinatario principal de dichos informes, según añadió, son las Cortes Generales, informa Europa Press.

El Tribunal de Cuentas indicó también que los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución “son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución”.

Así, insistió en que el personal del órgano fiscalizador “está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes”.

Por otro lado, el Tribunal Supremo inadmitió a trámite los recursos del expresident catalán Artur Mas y otros siete altos cargos contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que les reclamó el pago de 5,2 millones por gastar dinero público en la consulta del 9 de noviembre de 2014.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó una providencia en la que acuerda la inadmisión de los recursos de casación interpuestos por Mas, los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs, Jordi Vilajoana, y los altos cargos Ignasi Genovés, Josefina Valls, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart contra la sentencia del Tribunal de Cuentas, de 26 de julio de 2019.

El Alto Tribunal indica que la inadmisión a trámite se debe a aspectos formales ya que los recurrentes no justificaron el interés casacional alegado en sus recursos y “por falta de fundamentación suficiente”.

Los líderes independentistas intentaron justificar los gastos afirmando que el dictamen del Tribunal de Cuentas era “una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalidad de Cataluña”.

De esta forma, el Alto Tribunal confirma la sentencia contra Mas, los exconsellers y seis personas más que fueron condenados por los gastos originados por el 9N, cifrados en 4,94 millones de euros, si bien los líderes independentistas deberán reintegrar a la Generalitat la suma total más los intereses, 5,2 millones.