Errejón exige que agravar los desórdenes no perjudique las protestas de los ciudadanos
Más País también cree que la malversación debe sancionar más a quien se lleve dinero
El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, volvió a defender ayer la derogación del delito de sedición pero al mismo tiempo exigió también tanto al PSOE como Unidas Podemos, grupos que presentaron el texto legislativo, que la medida que han planteado como alternativa, el agravamiento del tratamiento penal de los desórdenes públicos, no acabe perjudicando a movilizaciones organizadas por ciudadanas o sindicales. Además, ve bien que la malversación distinga a quienes se lucran con el dinero público de los que no lo hacen.
En rueda de prensa en el propio Parlamento, Íñigo Errejón aseguró que su formación siempre respaldó la adopción de medidas que permitan “encauzar el conflicto político” de Cataluña, que a su juicio no se resuelve con el endurecimiento del Código Penal.
Por eso, considera que la proposición de ley planteada por el PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición, el mismo que se aplicó a los condenados en la causa del proceso independentista del año 2017, “es una reforma necesaria justa y que homologa a España con el entorno europeo”. Pero sí tiene reparos con el agravamiento el delito de desórdenes públicos, pues al ex número dos de Pablo Iglesias le preocupa que, en el futuro, se pueda usar contra manifestantes, vecinos que paran desahucios o trabajadores. “Si el Gobierno quiere contar con nuestro voto, esto tiene que reformarse”, avisa.
Respecto a la posibilidad de que ERC aproveche para reformar también el delito de malversación, el otro que sustentó las penas de los presos del procés, Errejón defiende que se introduzcan retoques para diferenciar entre quieres usan el dinero público para lucrarse, para los que exige ser “implacables”, de la utilización de ese delito para combatir a una ideología distinta como es el caso del independentismo.
A su juicio, las protestas contra esta reforma se deben a que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo “necesita hacer un enorme ruido para tapar el desastre que hace con la sanidad pública allí donde gobierna”, y vuelven a utilizar “el comodín del conflicto de Cataluña”.
El delito de malversación contempla penas de prisión para la autoridad o funcionario que cause un perjuicio o se apropie “para sí o para un tercero” de patrimonio público, una redacción que partidos como ERC o Unidas Podemos plantearon modificar y que el Gobierno se comprometió a estudiar.
Tras la propuesta del grupo socialista y de Unidas Podemos de convertir el delito de sedición en el de “desórdenes públicos agravados”, el debate político se centra ahora en el segundo delito por el que también fueron condenados algunos líderes independentistas catalanes por el procés, la malversación.
Este delito fue modificado hace siete años, con los votos del PP y el rechazo en bloque de la oposición. Hasta entonces, la malversación exigía que el dinero público desviado redundara en lucro propio o de terceros. La actual regulación sanciona con penas de dos a seis años a “la autoridad o funcionario público” que incurriese en administración desleal sobre el patrimonio público, causando perjuicio a los fondos públicos.