España aprueba el tope al gas, cuyo precio máximo será de 50 euros/MWh

La situación actual en el mercado energético español era (y es) insostenible. Aunque a nadie le entraba en la cabeza el tener que pagar toda la electricidad consumida al precio de la que se produce por gas (que es la más cara), cuando la mitad surge de las energías renovables de bajo coste, la realidad era que las facturas seguían subiendo cada mes, sin visos de revertirse una crisis que venía de lejos. Mientras, las empresas se ‘forraban’ con los beneficios derivados de semejante inflación.

Para tratar de poner remedio al asunto, y no tener que pagar el chóped a precio del solomillo, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, aprobó el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de casi 50 (48,8) euros por megavatio hora (MWh) durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que, al haber un mayor consumo por las calefacciones, los precios de la energía son más caros.

Así, gracias a esta medida, el precio del mercado mayorista (pool) caerá en torno a un 38 % en su precio promedio, desde los 210 euros por MWh marcados a lo largo del primer trimestre de este año hasta unos 130 euros/MWh. Y, como debería haber sido siempre, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.

“Por primera vez no pagarán los mismos”, celebró en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aseguró que esta nueva medida “tiene pocos antecedentes, o ninguno” en el pasado. Además, se mostró orgullosa de que Europa haya entendido “las causas por las que España y Portugal deben contar con la excepción ibérica”, que servirá de “paraguas” para proteger a los consumidores domésticos y a la gran industria en el actual contexto de tensión en los precios energéticos derivado de la invasión de Rusia a Ucrania.

Asimismo, con ese objetivo de que “no paguen los mismos” en mente, la medida tendrá la finalidad de “reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que haya beneficios para todos”, tratándose de una medida complementaria a la minoración del gas. Eso sí, Ribera dejó claro que esto no redundará en “pérdidas” para las centrales.

Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, seguirán cobrando lo necesario para garantizar el suministro eléctrico, pero este coste se repercutirá únicamente sobre los consumidores beneficiados por la medida en cada momento y “siempre será menor que el ahorro final proporcionado por ella”, dijo.

El mecanismo durará unos 12 meses y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante los seis primeros meses, que se irán incrementando en 5 euros/MWh al mes a partir del sexto mes, terminando en 70, para que haya una convergencia a la normalidad frente al actual precio, de más de 100.

La entrada en vigor de la nueva normativa supondrá, tal y como precisó la ministra, una mejora inmediata para un 37 % de los consumidores domésticos y para el 70 % de los industriales. La medida, incluida en un Real Decreto-ley, ayudará así a contener la escalada de precios y la inflación y, sobre todo, ejercerá de cortafuegos ante la volatilidad de los precios del gas derivada de la guerra en Ucrania, y facilitará también, según precisó la ministra, la reforma de la tarifa regulada –el denominado PVPC–, incorporando referencias de precios de los mercados futuros.

Y es que Ribera aseguró que, una vez esté en vigor la medida, los consumidores del mercado regulado notarán este alivio en el precio de la luz de manera “inmediata”, mientras que para el resto de consumidores en el mercado libre el impacto será algo “progresivo”, viéndose beneficiados realmente cuando renueven o cambien su contrato, “ya que su revisión anual tendrá la referencia con unos precios más bajos”.

PENDIENTE DEL RESPALDO DE BRUSELAS. Ribera señaló que la medida, una vez entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) –previsiblemente este sábado o el lunes, como muy tarde– y a expensas de que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma, podría retrasar su implementación “unas dos semanas”.

LAS ELÉCTRICAS DEBERÁN DAR INFORMACIÓN DE SUS CONTRATOS ‘RETAIL’. La titular de Transición Ecológica advirtió, finalmente, que las compañías eléctricas deberán aportar durante el periodo que durará la medida, es decir, en un principio doce meses (un año), información “detallada” de sus contratos ‘retail’, “no los que firman con su comercializadora, sino los contratos reales que pagan los consumidores”, para controlar que ese volumen de “beneficios deja de ser pagado por los consumidores”. “Lo que no significa que entren en pérdidas, van a seguir obteniendo beneficios”, zanjó.