Fiscalía sospechó de Madrid en la estafa del material sanitario
Un abogado presenta una denuncia contra el alcalde de la capital por no investigar el fraude
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina comenzó con sospechas de malversación de caudales públicos contra altos cargos del municipio.
La investigación se inició a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
El Sepblac apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario; en este caso se habría tratado de altos cargos del municipio.
En unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pide a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe.
El fiscal exige detalles “sobre los eventuales intermediarios, incluida la persona que presentó al proveedor y su oferta” y, además de copia de las comunicaciones mantenidas en relación con la firma del contrato, pide información “sobre la existencia de posibles comisionistas”.
El representante de la empresa respondió por escrito al fiscal aportando esos datos.
Señaló que “este ayuntamiento desconoce la existencia de comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha transmitido la mercancía hasta nuestro país”.
El delito de malversación por parte de responsables públicos ha quedado descartado y el consistorio ha sido admitido como parte perjudicada.
Por su parte, el abogado Fernando Pamos de la Hoz ha presentado una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, al no haber denunciado la presunta estafa de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.
En la denuncia, adelantada por El Periódico de España y a la que ha tenido acceso Efe, esgrime que, “en su condición doble de funcionario y autoridad”, tenía la “obligación inexcusable” de denunciar lo investigado.
Almeida apuntó que el letrado ha representado al PSOE en “diversos pleitos”, por lo que a su juicio “parece difícil que haya actuado sin el consentimiento del PSOE”.