Igualdad rechaza reformar la ley y apuesta por esperar al Supremo

El Ministerio de Igualdad considera que se dieron “errores” judiciales “claros” en la aplicación “precipitada” y “sin reflexión” de la ley del solo sí es sí, pero subraya que éstos no los debe “corregir” el Gobierno sino que hay que esperar a lo que diga el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo.

Así lo afirmó ayer la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en declaraciones a los medios junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien tomó primero la palabra para lanzar un mensaje “de calma y tranquilidad” tras el goteo de rebajas de condenas conocidas en la aplicación de la ley del solo sí es sí.

“Es evidente que esto suscita muchísimo debate y preocupación y nosotras queremos compartir en primer lugar nuestra preocupación por lo que pueden sentir muchas mujeres en este país”, expuso Rodríguez, quien insistió en que la ley del solo sí es sí “es una buena norma”.

Una ley, prosiguió la secretaria de Estado, que ha cambiado “el paradigma”, que “tiene mucho más que ver con cambiar los esquemas que cambiar las penas” y que, por tanto “va a requerir de un tiempo de aplicación” de la norma para que “vaya siguiendo su camino en lo judicial”.

Errores judiciales. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se pronunció en el mismo sentido y estimó que se han dado errores judiciales en la aplicación de la norma. “Ha habido lo que consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley”, apuntó Rosell y esa “corrección”, a su juicio, no la tiene que hacer el Gobierno sino el Poder Judicial.

Esperemos a “oír al Poder Judicial, que sienta jurisprudencia”, ha dicho Rosell y ha insistido: “hay errores de aplicación, no pidan que los corrija el Gobierno, esperemos que hable el Ministerio Fiscal y en su caso, el Tribunal Supremo”.

En este sentido se mostró convencida de que el Supremo mantendrá su doctrina, que es la jurisprudencia consolidada de que “si la pena cabe en la nueva ley, la condena no se revisa y, en cualquier caso, se individualiza y se compara con todas las circunstancias”. Además, recalcó que el Gobierno está perfectamente alineado en el sentido de respetar la separación de poderes y dejar hablar al Poder Judicial.

La delegada del Gobierno rechazó que la ley precise de una disposición transitoria, porque ya existen otras vigentes e insistió en que lo que se debe hacer es comparar la norma vigente con la anterior y con las circunstancias, leyéndose los hechos probados y el Código Penal completo, decidir, “no leyendo solo un artículo” y no caer en “automatismos”.

Rosell incidió en que las defensas pedirán revisiones y apostó por no hacerse eco de las peticiones porque éstas las piden al igual que en su momento pidieron la absolución de sus defendidos y ahora están condenados: “lo que las defensas piden es parcial, de parte, yo no haría noticia y alarma mucho a las mujeres”, opinó. También aseguró en este aspecto que la mayor pena no protege más ni repara más y que las más eficaz es la que se impone.

En la misma línea han ido las declaraciones de otros miembros del Gobierno, como es el caso de la vicepresidenta segunda, Yolanda Días, que pidió ayer no generar “alarma social” al respecto de las consecuencias que se están viendo con la aplicación de la ley.

Ante preguntas de los medios de comunicación ayer en Valencia, antes de asistir al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo. Los periodistas preguntaron a Yolanda Díaz si estaba preocupada por la rebaja de las penas que contempla la citada Ley para los agresores sexuales y si compartía las opiniones de los miembros de Podemos que atacaron a los jueces asegurando que son “machistas con toga.

Al respecto, Díaz afirmó que “la Ley del ‘sí es sí’ es de extraordinaria importancia para el país” y su cometido es “proteger a las víctimas y la defensa de la libertad sexual de las mujeres”. Por ello, pidió “prudencia” y dejar trabajar al Supremo: “en breves días tendremos algunas respuestas sobre estas cuestiones”.

Con todo, la ministra de Trabajo no quiso entrar a valorar las críticas que estos días han estado haciendo ciertos compañeros de su partido cara los miembros del Poder Jucicial del país, y se limitó a insistir en que la “vocación del Gobierno es firme en la protección de las víctimas”.

“No generemos alarma social, el Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos a lo que diga el Tribunal Supremo”, remarcó.

También la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quiso mostrar su apoyo a la ley ante la avalancha de críticas con una grabación difundida ayer desde la sede del partido después de que tanto voces socialistas como aliadas del Gobierno pidiesen la reforma de la norma. “Lo que el texto legislativo del solo sí es sí está haciendo es proteger justamente a las víctimas, tanto a las mujeres como a las menores”, esgrimió, “pero el Partido Popular se opuso entonces por otras razones y ahora ataca una legislación que sin duda supone una avance fundamental en nuestro país (...) Lo que no consigue el PP por la vía de los votos, de la política, permanentemente lo judicializa”, subraya.

“Asumir responsabilidades”. Por su parte, desde los partidos de la oposición continúan poniendo en cuestión las consecuencias de la nueva ley. Es el caso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , que pidió ayer que “se asuman responsabilidades” en los ministerios competentes en declaraciones en L’Hospitalet de Llobregat, en una visita a la sede del grupo Sifu.

Feijóo aseguró que el Código Penal “no es un conjunto de eslóganes políticos” sino “una norma compleja que necesita siempre meticulosidad”. “Veremos si el presidente puede destituir a una ministra que no ha nombrado -en referencia a la titular de Igualdad, Irene Montero-, y, en el caso de que no pueda, que al menos destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos sí que los ha nombrado”, espetó.

Para Feijóo, la aprobación de esta ley se debería haber “evitado”, por lo que expresó que están a favor de “modificar esa chapuza legal que ha desprotegido y desprotege a las mujeres españolas de los delitos sexuales”. “Eso es absolutamente imprescindible hacerlo, y hacerlo ya”, recalcó.

También se pronunció al respecto la secretaria general popular y portavoz del grupo en el Congreso, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa tras finalizar la Junta de Portavoces en la que incidió en que los efectos de la aplicación de la ley están generando “alarma social” en el país.

En su intervención, Gamarra afirmó o que el PP está trabajando en una proposición de ley, “a diferencia de lo que está haciendo el PSOE, a diferencia de lo que está haciendo Pedro Sánchez”, que busca que “nadie pueda acogerse a unas penas menores a las que había anteriormente”.

Del mismo modo, expresó que no pueden entender que “todavía Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, que siga siguiendo ministra del Gobierno de España”, tras la situación provocada por la aplicación de la Ley del ‘sólo sí es sí’, impulsada por el departamento que dirige Montero.

En este sentido, Gamarra manifestó que no comprenden “que el máximo responsable de todo lo que está ocurriendo, que es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quien preside ese Consejo de Ministros, no haya tomado una decisión y no haya cesado a la ministra”. “Partíamos de que no iba a dimitir, pero un presidente no puede permitir que una ministra que ha estado al frente de esa ley, una ministra que dice además que no va a rectificar y una ministra que se dedica a atacar al Poder Judicial, aquellos que lo único que hacen es aplicar las leyes que desde el Gobierno se han impulsado y que en el Congreso se han aprobado, siga siendo ministra y no pase absolutamente nada”, subrayó.

Por su parte, Ciudadanos no se arrepiente de haber votado a favor en el Congreso para que se aprobara la ley del ‘solo sí es sí’, pero insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que se dé prisa para corregir un “error evidente” que está teniendo “consecuencias terribles”, tal y como declaró ayer la líder de la formación, Inés Arrimadas.

La política indicó que la posición de su partido es la que también expresó la portavoz ‘naranja’ en Twitter, Sara Giménez: “Es evidente que las consecuencias de la aprobación de la ley de libertad sexual no son las que esta iniciativa perseguía. Toca ser responsables y autocríticos con lo votado”, publicó.

Tras asumir responsabilidades, Arrimadas cargó contra los promotores de la ley, calificando de “absolutamente inútil” la actitud del Gobierno de “negar la realidad”. “Esta ley tiene un fallo con consecuencias terribles. Lo que hay que hacer es reconocer, trabajar rápido para corregirlo y no atacar a los jueces, que lo que hacen es aplicar la ley”, demandó la dirigente ‘naranja’, que a la vez reclamó al ministerio de Irene Montero que se dé “mucha prisa para corregirlo”.

Arrimadas también incidió en que el Gobierno está atacando la separación de poderes, un pilar “fundamental” de la democracia, cuando algunos de sus ministros critican a los jueces y “les responsabilizan de sus propios errores”.