La acusación de desórdenes agravados rebela a Puigdemont
Esgrime el fallo del TJUE para cuestionar que el Supremo pueda juzgarle
Madrid. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no quiere que el instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, preste oídos a los recursos de la Fiscalía y Abogacía del Estado en los que tratan de que sea procesado por desórdenes públicos agravados, además de la malversación que ya le imputa el magistrado. En un escrito, al que accedió este diario, se opone a ambas impugnaciones e insiste en que el Supremo renuncie a investigarle y envíe las actuaciones a un juzgado de Barcelona, argumento para el que recurre a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre euroórdenes, conocida el martes.
En 23 páginas la defensa del expresident, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, insiste en los argumentos de su propio recurso contra el auto del juez Llarena que entendía que, derogada la sedición, solo podía ser acusado de un delito de desobediencia, mientras que consideraba que la malversación cometida podía seguir siendo la más grave de las previstas, pese a la reforma del Código Penal.
La defensa señala que el tribunal competente para investigar al expresidente catalán sería un juzgado de Barcelona y no el Supremo, a la vez que cuestiona la imparcialidad de Llarena por haber recibido un premio de una fundación defensora de la unidad española, pese a que el incidente ya fue rechazado por el tribunal.
Para poner en cuestión la competencia del Supremo, Boye apela a la sentencia del TJUE que en su párrafo 100 dice textualmente: «No puede considerarse un tribunal establecido por la ley, en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, un Tribunal Supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal sin disponer de base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados».
La defensa de los huidos siempre ha alegado la falta de competencia del alto tribunal español, que considera sin base legal. Este, en cambio, la defiende en función de la ley de enjuiciamiento criminal, pero sobre todo, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que prevé que los miembros del Govern y diputados del Parlament sean investigados y juzgados por el Supremo cuando se les imputen hechos cometidos en otro país. ángeles vázquez