La Fiscalía investiga los avales del ICF a los condenados del ‘procés’
Acepta parte de la denuncia de Cs y rechaza la presentada contra el Govern, que ya estudia el TSJC// Ciudadanos considera que se cometió fraude en las fianzas
La Fiscalía de Cataluña investiga la concesión de avales por parte del Institut Català de Finances (ICF) a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de fianza por la promoción del procés en el extranjero con dinero público.
En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir diligencias a raíz de la denuncia que presentó Ciudadanos, pero ordena investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya fueron denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforados.
El ministerio público deberá posicionarse ante el TSJC sobre esa denuncia de Vox contra el presidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà, antes de que el alto tribunal decida si les abre una investigación.
Mientras tanto, la Fiscalía Superior remitió la denuncia a la Provincial de Barcelona para que practique diligencias encaminadas a aclarar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF cometieron algún delito en la concesión de los avales, dado que es a esta instancia a la que corresponde investigarlos por no ser aforados.
En su escrito, el fiscal Superior, Francisco Bañeres, no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al ministerio público a abrir diligencias “cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener rele-
vancia penal”, informa Efe.
Cs presentó la semana pasada su denuncia ante Fiscalía, al entender que el Govern cometió una “operación fraudulenta” con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del Institut Català de Finances, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.
El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales, por lo que todavía no decidió si los acepta, a la espera del informe que requirió con urgencia a la Abogacía del Estado.
En su decreto, la Fiscalía Superior acuerda archivar la denuncia de Cs contra los miembros del Govern, argumentando que la ley le obliga a hacerlo cuando consta la existencia de un procedimiento judicial en marcha por los mismos hechos.
Se trata de la denuncia que Vox presentó contra el Govern ante el TSJC, a la que se suma otra interpuesta por Convivencia Cívica Catalana que todavía no fue registrada.
Según fuentes jurídicas, el alto tribunal está a la espera de que la formación de extrema derecha corrija un defecto de forma en la denuncia que presentó, tras lo que designará a un magistrado ponente que preguntará a la Fiscalía si ve indicios de delito que motiven abrir una investigación contra Aragonès y los consellers.
Una vez se pronuncie el ministerio público, será la sala de admisiones del TSJC la que resuelva si abre investigación a los aforados.
“el gobierno no puede interferir”. La ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo que la Abogacía del Estado “elaborará cuanto antes” el informe sobre la legalidad de los avales del ICF.
Así lo declaró a los periodistas sobre las dudas del Tribunal de Cuentas respecto a la legalidad de dichos avales que le llevaron a pedir un informe urgente a la Abogacía del Estado. La titular de Justicia fue preguntada si en opinión del Gobierno son legales dichos avales.
Pilar Llop aclaró que “el Gobierno no puede interferir de ninguna manera en esa resolución que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas”.
“Lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y que se elaborará cuanto antes”.
··· El conseller de Economía, Jaume Giró, defendió ayer que el decreto de la Generalitat que permite al ICF avalar esas fianzas “es impecable jurídicamente” y “será muy difícil que alguien diga lo contrario”.
··· Giró se mostró convencido de que dicho decreto “tiene una solidez jurídica total y absoluta”.
··· El político catalán dijo que respeta todas las decisiones, incluidas las de aquellos partidos que “intentan continuamente judicializar la política” y que lo único que persiguen, ha apuntado, es obtener “rédito político” del “sufrimiento de unas personas” que pueden ver embargadas sus casas y sus cuentas.
··· “Por desgracia, esto no es una novedad, estamos acostumbrados, qué le vamos a hacer”, declaró el conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña.