La justicia da cinco días a Plus Ultra para justificar los 34 millones del rescate

Los tribunales de justicia paralizan el polémico rescate público de Plus Ultra y le concede cinco días para que justifique la necesidad de que se le entreguen los 34 millones de euros que aún debe recibir del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para socorrer a empresas estratégicas y viables azotadas por la pandemia.

El pasado marzo, un año después de la irrupción de la pandemia, el Gobierno aprobó inyectar 53 millones a través de dos créditos para rescatar a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones.

El hecho de que la empresa lleve años acumulando pérdidas y su tamaño sea relativamente reducido desatódudas sobre su carácter estratégico y la conveniencia del rescate, que incluso ha llegado a los tribunales.

Ahora, la magistrada Esperanza Collazos reclama a la aerolínea -que vuela semanalmente a Perú, Ecuador, Venezuela y China, entre otros destinos- que a más tardar el martes acredite la necesidad de recibir los 34 millones que aún no ingresó algo que la empresa está determinada a hacer “debida- mente”.

“La financiación es imprescindible para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia (...), tras el grave impacto sufrido por la pandemia” y para mantener los 354 empleos directos y más de 2.500 indirectos que genera en España, dijo ayer la compañía en un comunicado.

En declaraciones a Efe, un portavoz de la compañía aseguró que colaborarán con la Justicia para que el 27 de julio se haya presentado la información requerida, que ya fue validada por la consultora Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el proceso que se siguió para lograr el rescate.

“Los tres informes, tras un exhaustivo proceso de verificación y análisis de la solicitud, apoyaron favorablemente la concesión de la financiación pública”, argumenta Plus Ultra, que dice estar “tranquila y segura del cumplimiento de los requisitos y obligaciones”.

Fuentes cercanas a la SEPI explicaron que el pasado 14 de julio, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar el préstamo participativo de 34 millones, cuyo pago estaba previsto para el 28 de este mes.

Ante este polémico rescate, no faltaron aluviones de críticas al Gobierno. Por una parte, el líder del PP, Pablo Casado, destacó ayer “el nuevo varapalo judicial a Sánchez” con la decisión del juzgado y dijo que el cese de José Luis Ábalos “no tapa las corruptelas a favor de Maduro”.

Corruptelas “para pagar los votos de Podemos”, recalcó el líder de los populares a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que la resolución judicial se produjo por el recurso del PP contra el rescate de esta compañía, que también interpuso Vox.

Por otra parte, desde Ciudadanos, el vicesecretario general del partido y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, le exigió a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que “dimita” por la suspensión del rescate a la vez que abogó por la creación de una comisión de investigación parlamentaria.