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sábado, 08 mayo 2021
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La pandemia, la subida de la luz y el frío agravan la pobreza energética

Desde los movimientos sociales exigen un cambio del modelo gestión de las empresas suministradoras y que el control pase a ser público

En una época difícil, sumidos en una crisis debido a la pandemia y donde la climatología no ayuda en plena ola de frío, un servicio tan básico como es la electricidad se ha encarecido, provocando que muchas familias decidan moderar su consumo para lograr pagar las facturas de la luz, volviéndose una situación dramática en esta época del año. Estamos hablando de personas en situación de pobreza energética, aquellas personas incapaces de hacer frente al pago de las facturas de este servicio de primera necesidad o dedican una parte excesiva de sus ingresos a ello. Antes de la pandemia según datos oficiales un 10% de la población se encontraba en esta situación, tras la pandemia diversas organizaciones aseguran que este porcentaje se habría multiplicado.

El Gobierno, tras la presión de los movimientos sociales, decidió el pasado mes de diciembre ampliar hasta el fin del estado de alarma el Real Decreto que prohíbe cortar los suministros de electricidad, agua y gas a consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social. Pero desde los propios movimientos creen que no es suficiente para luchar contra la pobreza energética “solo protege a algunas personas, aquellas que tengan la luz contratada en el mercado regulado mientras que la mayoría de la población, más del 60%, tenemos la luz contratada en mercado libre con lo cual se está protegiendo a muchas menos personas, pero sí que nos parecía que ha sido un paso y lo mínimo que había que hacer porque no podíamos dejar que en plena pandemia las familias estuvieran sufriendo cortes de agua luz y gas, pero no es una protección suficiente.”

La única ayuda que ofrecen desde las instituciones para pagar la factura de la luz es el llamado bono social eléctrico, el cuál muchas veces no se solicita por falta de información, se trata de un descuento de entre el 25 y el 40% de la factura y qué sólo ofrecen algún tipo de comercializadoras, que son las del mercado regulado, para las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tienen problemas para pagar sus facturas. Desde el colectivo Alianza contra la Pobreza Energética (APE) apuntan que “es importantísimo que se pasen al mercado regulado y que pidan este bono social. El problema es que los criterios para poder acceder al Seguro Social son restrictivos, los baremos de renta que tienen en cuenta los ingresos son bastante bajos. Hay gente que no puede pagar sus facturas y que no entra dentro de la definición de vulnerable según el bono social. Por eso nos parece un mecanismo que es insuficiente pero aun así si se entra dentro de los requisitos hay que pedirlo para al menos estar pagando el mínimo posible en nuestra factura de la luz.”

El principal problema que causa que tantas personas se vean en esta situación es la gestión de las eléctricas por parte de empresas privadas,“ permitir que se gestione un derecho fundamental para vivir como es la energía y el agua por parte de empresas privadas cuyo objetivo final es maximizar sus beneficios, es lo que hace que haya una parte de la población que quede excluida del acceso a estos servicios básicos” tienen claro desde APE.

Algunas soluciones que se plantean son el llamado Principio de Precaución mediante el que se prohíban los cortes a aquellas familias en situación de vulnerabilidad. La empresa tendría la obligación, cuando detecta que alguien no ha podido pagar su factura, de preguntar a servicios sociales si esa persona que no paga es vulnerable o no. Hasta que no se haga esa comprobación y si esa persona es vulnerable, no se le cortaría el suministro. De forma que las propias empresas que gestionen los servicios sean quienes asuman el pago de la factura de las familias en situación de vulnerabilidad. Mientras que, pensando a largo plazo, “habría que cambiar ese modelo porque lo que nos demuestra el modelo actual es que no funciona. La gestión a futuro tendría que ser una gestión pública con control y participación de la ciudadanía, sería la manera de garantizar que no haya familias sufriendo cortes de suministro” aseguran.

Ahora, con la llegada de Filomena y la histórica nevada en varios puntos del país para algunas familias es motivo de preocupación por las bajas temperaturas en un momento en que no disponen de algo tan indispensable como es los servicios eléctricos para entrar en calor, es el caso de los vecinos de la Cañada del Real, “es un ejemplo claro de un situación muy compleja en la que la empresa distribuidora en esa zona, que es Naturgy tiene una gran responsabilidad. Son barrios castigados, muy humildes que normalmente no consiguen el foco mediático que consiguen otras partes de las de las ciudades. Cañada Real ha tenido una movilización muy grande y está consiguiendo poner sobre la mesa la precariedad que se está viviendo en esta zona y que realmente hay que exigir responsabilidades pon supuesto a Naturgy, pero también a las administraciones competentes, que no es sólo la Comunidad de Madrid sino también está el Ministerio de Transición Ecológica y también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)” mantienen desde Alianza contra la Pobreza Energética.

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Boa Mistura
13 ene 2021 / 12:58
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