Los contribuyentes podrán elegir cómo calcular la plusvalía entre dos opciones

La reforma del impuesto de la plusvalía municipal aprobada este lunes permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real obtenida con la venta de suelo o por la resultante de aplicar el sistema objetivo, en tanto que estará exento de pago cuando la operación no reporte ganancia alguna, informa Efe.

El Ministerio de Hacienda destaca que con los cambios introducidos por decreto-ley se devuelve la constitucionalidad al impuesto para que refleje la realidad del mercado inmobiliario y para garantizar que los contribuyentes no tengan que pagarlo si venden un inmueble a pérdidas.

La norma restablece la exigibilidad del impuesto, que había quedado en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, lo que evita el riesgo de que los ayuntamientos sufran una merma de recursos que pueda suponer un aumento del déficit o el deterioro de los servicios que prestan a los ciudadanos.

La última sentencia del TC estableció que el impuesto local sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como la plusvalía, se calcula con un sistema objetivo y obligatorio ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la capacidad económica demostrada por el contribuyente.

Para adecuar el impuesto a esta sentencia, la reforma establece con claridad que las operaciones donde no haya un aumento de valor no estarán sujetas a tributación y que se deberá constatar a instancias del contribuyente que no ha habido ganancia.

En caso de que sí la haya, el método de cálculo será optativo, con lo que el contribuyente podrá elegir entre pagar conforme al nuevo sistema objetivo o en función de la plusvalía real.

Así, podrá reclamar que se le aplique la plusvalía real si la diferencia entre el valor de trasmisión y el de adquisición es inferior al resultante de la estimación objetiva.

Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral del terreno por unos coeficientes máximos, en función de los años transcurridos desde la operación.

Los ayuntamientos tendrán competencia para rebajar esos coeficientes, en tanto que podrán rebajar hasta un 15 % los valores catastrales para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

Por este método, la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos.

Los coeficientes máximos establecidos en la norma estatal van desde el 0,13 cuando haya transcurrido un año entre la compra y la venta hasta el 0,45 cuando hayan pasado 20 años o más.

Los coeficientes se actualizarán anualmente en los presupuestos generales del Estado en función de la evolución del mercado inmobiliario.

Como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión haya transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo.

Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.

Alrededor del 50 % de los ayuntamientos tienen establecido este impuesto, el segundo más importante tras el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que en 2019 permitió recaudar unos 2.500 millones de euros.

Estos municipios tienen ahora un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto-ley, que será un día después de su aplicación en el BOE, para adecuar sus normativas al nuevo marco legal.

La norma, que no se aplicará con carácter retroactivo, cerrará el vacío legal generado por la sentencia del TC, lo que -según el Gobierno- acota distorsiones, evitando que sea un incentivo para acelerar operaciones que esquivaran la tributación.