Podemos discrepa y podría no apoyar la nueva ley de secretos oficiales del PSOE
El PNV considera que la norma llega tarde y es decepcionante, y Bildu pide una rectificación// El PP lamenta que no le consulten
Unidas Podemos no está conforme con el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que aprobó el Consejo de Ministros este lunes, y podría plantearse no apoyarla durante la tramitación parlamentaria y descolgarse nuevamente de una normativa del Gobierno de coalición.
Así lo aseguraron a Efe fuentes de Unidas Podemos, que discrepan de esta ley que sustituirá a la legislación vigente, aprobada en abril del año 1968, en pleno franquismo en España, y modificada en octubre de 1978.
La nueva norma incorporará cuatro categorías, fijará un mínimo de 50 años para guardar los “altos secretos” de Estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia, que ahora recae en el de Defensa.
Aunque hay margen para la negociación entre los dos socios, esta nueva legislación podría desencadenar el enésimo choque en el Ejecutivo de coalición y además provocar que Unidas Podemos se desmarque por segunda vez de una ley del Gobierno, como hizo al abstenerse en la votación de la nueva normativa audiovisual, que tuvo lugar el pasado 26 de mayo.
El PNV por su parte cree que el anteproyecto de ley de secretos oficiales llega “muy tarde”, por lo que duda de que pueda entrar en vigor esta legislatura, y considera “exageradamente largos” y “decepcionantes” los plazos previstos para la desclasificación de dichos documentos.
Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, recordó en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación que han pasado seis años desde que su formación política propusiera por primera vez reformar la ley de secretos oficiales de 1968.
Incidió en que es un anteproyecto de ley y, por tanto, “todavía tiene que pasar mucho tiempo hasta que en su caso se apruebe y surgen muchas dudas sobre si va a ser posible en esta legislatura”.
Por eso, en opinión del PNV, se deben acelerar los plazos para “no desperdiciar la oportunidad de actualizar una ley franquista y avanzar en una de las reformas estructurales que el Estado español tiene aún pendiente”. Esteban lamentó que el Gobierno no les haya informado del texto ni contactado con su grupo, por lo que desconoce el contenido del anteproyecto más allá de lo avanzado en informaciones periodísticas.
Pero incidió en que, según lo trascendido, los plazos parecen lejos de los planteados por su grupo, llegando incluso a doblarlos, lo que resulta “bastante decepcionante”.
En el mismo sentido se pronunció el diputado de EH Bildu Jon Iñárritu, quien no ve un “gran avance” en el anteproyecto de ley que propondrá el Gobierno.
ERC prefirió esperar a analizar el documento del Gobierno. “No podemos avanzar el sentido del voto, nunca lo hacemos y, en cualquier caso, tendremos que leer bien la propuesta de una ley que hasta el momento es totalmente anacrónica”, señalaron fuentes del partido republicano.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, se quejó de que el Gobierno prefiera informar antes a Bildu que al PP sobre la futura ley de secretos oficiales, una norma que, recordó, es “muy sensible” porque afecta a la seguridad nacional.
Bravo se refirió de esta forma al anteproyecto ley de secretos oficiales y sobre el que evitó pronunciarse por desconocer el contenido concreto.
El dirigente popular sí ha comentado que, en una norma tan importante como esta, los dos grandes partidos debería intentar llegar a un acuerdo para que éste sea perdurable en el tiempo y no responda a exigencias de carácter político para mantener un gobierno o a otro.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, negó que haya un conflicto de competencias dentro del Gobierno con este texto y aseguró que su ministerio está “absolutamente satisfecho” con el texto. Además, hizo un llamamiento al PP para que tenga “sentido de Estado” y lo apoye, a la vez que respondió a las críticas de los socios del Gobierno recordando que la norma podrá ser modificada a su paso por el Congreso.
···Treinta años en Alemania e Italia, cincuenta en Francia y hasta setenta y cinco en Estados Unidos. No hay unanimidad en cuanto al plazo a la hora de abrir al público los documentos oficiales: todo depende de la importancia que tengan para la seguridad del Estado. Estados Unidos no cuenta con una Ley de Secretos Oficiales y la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal, pero hay varias que protegen la información secreta que castigan la divulgación de secretos relacionados con la defensa. Son los tribunales los que deciden qué debe ser secreto y que no. En Francia la ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos, pero con restricciones para una amplia gama de casos: las deliberaciones del Consejo de Ministros, la defensa nacional, la política exterior, la seguridad del Estado y de las personas o la integridad de la moneda y del crédito público.