Sanciones para quienes lleven sustancias para la sumisión química

Madrid. La negociación de la normativa que pretende derogar la ley mordaza se concretó ayer en una serie de novedades que, no obstante, no sirven aún para conseguir el objetivo. La idea es que dentro de una semana los escollos que quedan, que no sortean ni el Gobierno ni sus aliados preferentes en el Congreso, es decir, ERC, PNV y EH Bildu, estén por fin diluidos. No será sencillo. Depende el desenlace de muchos factores, incluido el devenir del proyecto presupuestario de Catalunya.

Entre las novedades confirmadas ayer tras la sesión de la ponencia de la Comisión de Interior se encuentra una con ecos veraniegos. En julio y agosto pasados saltaron las alarmas en muchas comunidades autónomas debido a la sucesión de «pinchazos» a mujeres de sustancias que anulaban su voluntad. Tal fue la preocupación que las fuerzas de seguridad del Estado se movilizaron, así como los servicios sanitarios. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias publicó un documento con nociones sobre cómo actuar si se detectaba un caso así.

Gran controversia. La sumisión química, que es la administración de una droga o sustancia a una persona sin su consentimiento y sin que se percate de ello para producir en ella una alteración de su estado de consciencia y manipular su voluntad, generó una controversia que se ha contagiado, meses más tarde, al trámite parlamentario de la nueva ley de seguridad ciudadana. Cierto que en el Ministerio de Interior se tenía conocimiento de este tipo de infracciones, que son delitos y así los define el Código Penal. Hasta 162 casos había contabilizado durante los últimos tres años. Las denuncias por casos relacionados proliferaron el pasado verano.

Ahora bien, los diputados que están redactando la nueva ley no habían contemplado, como supuesto, la tenencia de este tipo de sustancias. ÁNGEL ALONSO