Varias asociaciones de jueces alertan del riesgo en España de violación grave del Estado de Derecho

La Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo, según informa Europa Press.

Concretamente, solicitan a la Comisión Europea que tome conocimiento de su escrito respecto a las reformas legislativas sobre “el apagón y desapoderamiento” del Consejo General del Poder Judicial -por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones- y su “colonización por los partidos”, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), “y con ello su independencia e imparcialidad”, según informa Europa Press en este sentido.

A juicio de los firmantes, esta actuación por parte de los poderes políticos pone en riesgo el Estado de Derecho, “lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”.

Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Añaden que, “en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada”, se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puesto que “la CE, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es responsable, con arreglo a los tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y velar por que se observen la legislación, valores y principios de la UE”.

En la misiva, explican que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalado por el Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.

“Después de 35 años, los riesgos previstos por el Constitucional se han convertido en lamentables realidades -añade el escrito-. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales “las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial”.

Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos “se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada”. Antes esto se hacía discretamente, añaden, “pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa”.

También explican a la UE que el actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años, y que desde entonces los negociadores de los partidos se reúnen sin llegar a un acuerdo.

“De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales”, agregan por último.