Ve el Supremo fraude de ley en el permiso del 100.2 para Forcadell

El tribunal que juzgó el proceso independentista en Cataluña estimó el recurso de apelación de la Fiscalía y revocó el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lleida que aprobó la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición.

Los magistrados alegan “falta de justificación y desconexión con la reinserción” en el auto en el que se le concedió el 100.2. Sin embargo, esta resolución no tiene efectos prácticos para Forcadell, ya que recientemente le fue concedido el tercer grado.

El alto tribunal deniega la aplicación a la expresidenta de dicho régimen flexible al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción de la penada relacionado con el delito cometido, lo que hace “injustificable” ese régimen de semilibertad del que disfrutaría antes de cumplir ni una cuarta parte de la condena.

artículo 36.2. Los magistrados rechazan que su negativa a incluir en la sentencia del procés el artículo 36.2 del Código Penal, que supondría que los condenados tuvieran que cumplir la mitad de la pena para poder acceder a terceros grados, pueda ser interpretada como un aval para la aprobación de programas de flexibilización que, por la vía del 100.2, escondan excarcelaciones propias del tercer grado para la aplicación de un régimen de semilibertad que nada tiene que ver con la función resocializadora que es propia de las penas privativas de libertad, informa Europa Press.

La Sala “se ve obligada a reiterar una obviedad”, y es que algunas de las alegaciones realizadas por la defensa de Forcadell y las valoraciones incluidas en la documentación remitida con la propuesta del centro penitenciario, dependiente de la Generalitat, “no toman en cuenta que los hechos objeto de condena son los declarados probados” en la sentencia y “una vez alcanzada su firmeza ya no pueden ser objeto de reinterpretación ni por el penado ni por terceros”.

“Esta resolución es el incontrovertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado, no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta”, subrayan los magistrados.

Y, por otra parte, la sentencia puso de manifiesto “una idea clave de la que no puede prescindirse”: Forcadell “no fue condenada por perseguir la independencia de Cataluña”, pues las “ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son delictivas” y su “legitimidad es incuestionable”. “Fue declarada autora de un delito de sedición”, remarca.

se estudiarán otros casos. La decisión del Supremo tuvo efectos evidentes: horas después de que se pronunciase, la Audiencia de Barcelona acordó remitir los recursos de la Fiscalía contra las salidas laborales que se le concedieron al exconseller Joaquim Forn; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al exlíder de ANC Jordi Sánchez, los tres también ya en tercer grado.

Pero no hizo lo mismo la Audiencia de Girona, que en un auto con fecha del miércoles -antes de que trascendiera la resolución del Supremo- desestimó el recurso contra el 100.2 de la exconsellera de Trabajo del Govern Dolors Bassa sin entrar en el fondo del asunto al considerar que el debate sería inerte porque la presa ya goza del régimen de semilibertad, informa Efe.